MADRID, 20 (SERVIMEDIA)
El que fuera secretario general del PP madrileño, Francisco Granados, ha recurrido el auto del juez instructor de la trama ‘Púnica’, Manuel García Castellón, que le sitúa al borde del banquillo por la presunta financiación irregular del partido. Insiste en que él no es “el artista principal de esta copla” y pone el foco sobre las posibles responsabilidades de los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González, que han quedado fuera de la causa.
El recurso presentado por su abogado, Javier Vasallo, pide que se le exonere del delito electoral por la financiación de la campaña de 2011 al entender que el juez ha hecho gala de un “total desconocimiento de las funciones” de Granados en su función de jefe de campaña.
En ese sentido, señala que es al gerente, Beltrán Gutiérrez, al que correspondía “gestionar todo lo que pudiera tener relación con aspectos económicos y pagos”. Gutiérrez está procesado por este asunto.
Vasallo carga, además, contra la UCO por sus “cuarenta mil” informes que “van tocando y bailando la música que estiman oportuna en relación al ‘totum revolutum’ que han creado” para imputar a Granados atribuyéndole ser el “artista principal de toda esta copla”.
El recurso critica que personas con superiores responsabilidades sobre las cuentas del partido han sido exoneradas, siendo los que “realmente y por esas mismas circunstancias, podrían haber gestionado o conocido”. Recuerda en este sentido que la acusación contra Granados se hace en su calidad de director de campaña “y no por ser el secretario general del partido”.
Y muestra su extrañeza porque la causa haya sido archivada para Ignacio González, que era el secretario general del PP de Madrid en 2011, además de presidente del comité electoral, “vicepresidente del Gobierno y persona que controlaba por su interés en dicha campaña todos los actos derivados de la misma en unión a la presidenta del partido Esperanza Aguirre”, también exonerada.
En su recurso critica que tanto Aguirre como Granados hayan salido “beneficiados” en el procedimiento judicial, siendo los responsables de “rango superior”, y sostiene que esa decisión atenta contra la “más pura de las lógicas”. Por si este argumento no fuera atendido, la defensa de Granados defiende que el delito electoral está prescrito y destaca en este punto que varios empresarios señalados como donantes del PP de Madrid hayan sido también exonerados con el argumento de que sólo les inculpan los apuntes contenidos en la agenda de Granados, la misma que ha servido para inculparle a él.
También ha recurrido la responsable de prensa de Esperanza Aguirre, Isabel Gallegos, que al igual que Granados se siente tratada de distinto modo que sus superiores y se pregunta por qué ella está procesada y sus jefes no.
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