MADRID, 24 (SERVIMEDIA)
El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se acogió este lunes a su derecho a no declarar ante la jueza de instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, que se negó a aplazar por quinta vez la comparecencia tal y como le habían pedido los abogados del empresario.
González Amador llegó a los juzgados del Plaza de Castilla (Madrid) al borde de las 10.00 de la mañana, la hora a la que estaba citado a declarar por la presunta comisión de dos delitos fiscales y falsificación documental.
La declaración del empresario había sido aplazada en cuatro ocasiones. Su defensa pidió este lunes un nuevo aplazamiento hasta que la Audiencia Provincial resuelva el recurso de apelación que presentó contra la ampliación de la investigación en una pieza separada por nuevos delitos relacionados con la presunta ocultación de ingresos procedentes del grupo hospitalario Quirón.
Según esgrimió su abogado, declarar antes de conocer la decisión de la Audiencia Provincial vulneraría sus derechos de defensa y anunció que una vez conocido ese pronunciamiento, el investigado solicitará su declaración voluntaria.
La magistrada y la Fiscalía han rechazado la suspensión, la quinta fijada, y se ha procedido al inicio de la comparecencia. Fuentes jurídicas, aseguraron que el empresario se ha negado a declarar por consejo de sus abogados, tras lo cual abandonó la sede de los juzgados sin hacer declaraciones a la prensa.
El Ministerio Público ya avisó de que era necesario tomar declaración al empresario antes de que se cumpliera un año del inicio de la instrucción para que la causa siga adelante. A partir de ahora ya se pueden pedir las prórrogas de la investigación contempladas en la ley.
Además del empresario, este lunes también estaban citadas otras cuatro personas, que también se han acogido a su derecho a no declarar. De ese modo, las citas que estaban programadas a partir de las 10.00 de la mañana habían concluido a las 11.00 y todas las partes abandonaron los juzgados.
El resto de los llamados a declarar eran Agustín Carrillo Saborido, miembro del PP de Arahal (Sevilla) por haberse deducido “indebidamente” facturas por valor de 41.200 euros por servicios que supuestamente no habrían sido prestados por la empresa Baluarte Desarrollo Centro Especial de Empleo y Desarrollo Social del CEE el Manantial SL.
También compareció a ente la jueza José Miguel Carrillo Saborido, hermano del anterior, que también habría podido librar cinco facturas por 66.000 euros de la sociedad Bianconera de Servicios Profesionales, y por otros 10.500 euros por Bianconera SPA SLU.
Igualmente estaba citado David Herrera Lobato, que es propietario de 8 empresas en Arahal, y también compareció por elaborar presuntamente facturas falsas a favor de las empresas de González Amador, que las podría haber usado para aplicarse desgravaciones fiscales.
Por últimos estaba citado el empresario mexicano Maximiliano Eduardo Niederer González, que habría actuado como testaferro de González Amador en las dos facturas falsas de mayor montante desgravadas en 2020 y 2021. La jueza ordenó a la Policía localizarle el pasado 31 de enero, ya que su defensa no ha facilitado su dirección.
FRAUDE Y FALSEDAD
González Amador está siendo investigado por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil. Según la Fiscalía de Madrid, habría defraudado 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021 a través de un entramado de facturas falsas y empresas pantalla.
La investigación se centra en las declaraciones del impuesto de sociedades de los ejercicios 2020 y 2021, cuando Hacienda detectó gastos sospechosos de ser falsos, presentados para reducir la carga fiscal. El encausado habría facturado 3,7 millones de euros en esos ejercicios, de los cuales casi dos millones provenían de una única comisión por mediar en un contrato de compraventa de mascarillas durante la pandemia.
Además de los delitos fiscales, la jueza amplió la investigación a otros posibles delitos, como la utilización de una sociedad pantalla en el marco de sus negocios con la empresa Quirón Prevención. La Fiscalía también ha solicitado que se investigue un presunto delito de corrupción en los negocios por el posible pago de una comisión de medio millón de euros a la esposa del presidente de Quirón Prevención.
PREGUNTAS SOBRE QUIRÓN
La Audiencia de Madrid estudió el pasado miércoles la ampliación de la investigación a la pareja de Díaz Ayuso para indagar, entre otras cuestiones, en un presunto pago de casi medio millón de euros a la mujer del presidente de Quirón Prevención, en el que el fiscal ve una posible comisión.
La sección tercera de la Audiencia madrileña se reunió a puerta cerrada para estudiar el recurso del empresario contra la apertura de una pieza separada para investigar “otros delitos distintos”.
La defensa de González Amador se ha escudado en la necesidad de conocer la decisión sobre ese recurso para solicitar un nuevo aplazamiento, pero la jueza se ha negado esgrimiendo que esa investigación es independiente de la que se está instruyendo ahora.
Sin embargo, los abogados del empresario sostuvieron que González Amador no debe declarar mientras la Audiencia de Madrid no tome una decisión sobre si avala la investigación o decreta el cierre de esta pieza separada, que se abrió a petición de las acusaciones populares que ejercen el PSOE y Más Madrid.
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