MADRID, 14 (SERVIMEDIA)
El fiscal general del Estado, Álvaro Garcia Ortiz, ha dictado una orden para que los cuatro fiscales que actuaron en el juicio del ‘procés’ informen a favor de amnistiar el delito de malversación en los casos que investiga el Tribunal Supremo y que afectan, entre otros líderes independentistas, al expresidente catalán Carles Puigdemont.
Según informaron fuentes de la Fiscalía General del Estado, la orden de García Ortiz se apoya en lo que establecen los artículos 22.2 y 25 del Estatuto del Ministerio Fiscal y ordena a los fiscales Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno que respondan a las providencias de 11 de junio de 2024, emitida por el instructor del ‘pocés’, Pablo Llarena, en sentido favorable a la amnistía del delito de malversación.
En concreto, les pide que se pronuncien “en el sentido de que los delitos objeto de imputación y condena en la Causa Especial núm. 3/20907/2017 seguida ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña”.
La orden del fiscal general considera que estos fiscales confunden en su informe el “ánimo de lucro” que exige el delito de malversación con el “enriquecimiento personal de carácter patrimonial” de aquellos hechos que la ley de amnistía considera no amnistiables.
El perjuicio patrimonial para la Administración, resultado del delito de malversación, no es equiparable al “enriquecimiento personal de carácter patrimonial”, añade la orden de García Ortiz. Asimismo, el fiscal general considera que los hechos no produjeron una afectación directa a los intereses financieros de la Unión Europea.
Los cuatro fiscales deberán responder ahora por escrito, tal como exige el Estatuto, si acatan la orden del fiscal general o invocan el artículo 27 que conllevaría la celebración de la Junta de Fiscales de Sala el próximo martes, tal como se informó ayer.
Esta orden precede a la convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala que se celebrará el próximo martes, día 18, en la que se analizarán los argumentos de los fiscales del ‘procés’ y del fiscal general con el objetivo de fijar el criterio que mantendrá el Ministerio Público ante el juez Llarena, que dió un plazo de cinco días a las partes para pronunciarse. Ese plazo concluye el martes.
La Junta de Fiscales puede votar sobre los criterios antagónicos que defienden los fiscales del ‘procés’ y el fiscal general, pero su posición no tiene carácter vinculante y la última palabra la tendrá García Ortiz.
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