MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acordó este viernes la apertura de juicio oral contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y la excúpula del Ministerio por la denominada ‘Operación Kitchen’, el operativo policial puesto en marcha supuestamente con el objetivo de sustraer al tesorero del PP Luis Bárcenas material relacionado con la investigación judicial del ‘caso Gürtel’.
En un auto, el magistrado rechaza por extemporánea la petición de la acusación ejercida por el PSOE de declarar la responsabilidad civil a título lucrativo del PP y la establece, de forma subsidiaria, para la Administración General del Estado en el caso de que los investigados resultaran condenados.
El auto de apertura de juicio oral incluye todos los delitos planteados por las acusaciones (Fiscalía, Abogacía del Estado, PSOE, Podemos y familia Bárcenas) en sus respectivos escritos y que incluyen diversos delitos como descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, encubrimiento, contra la intimidad y obstrucción a la justicia. En el caso del PSOE, Podemos y de la familia Bárcenas, además, añade los de organización criminal o asociación ilícita, entre otros.
Para el titular del Juzgado Central de Instrucción Seis, los diferentes relatos de los escritos de acusación, con sus correspondientes calificaciones penales, resultan, en principio, adecuados, todo ello sin perjuicio de lo que resulte de la fase de juicio oral.
LOS INVESTIGADOS
Además de al exministro, el juez envía a juicio a quien fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; al exdirector adjunto Operativo Eugenio Pino; a los responsables policiales José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, José Angel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano, Enrique García Castaño, Bonifacio Díez Sevillano, y Andrés Manuel Gómez Gordo; al comisario jubilado José Manuel Villarejo; así como al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva.
Respecto de Olivera, Fuentes Gago y Díez Sevillano, para los que el fiscal había solicitado el sobreseimiento provisional, el instructor rechaza esta solicitud y pide al Ministerio Público que en el plazo de tres días formule escrito de acusación o que renuncie al mismo.
La resolución acuerda imponer unas fianzas por responsabilidad civil de 120.000 euros para Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez y Eugenio Pino, así como de 100.000 euros para Villarejo y Sergio Ríos, de 20.000 euros para Andrés Manuel Gómez Gordo y 3.000 euros para el resto, excepto García castaño, a quien se le fija en 2.000 euros.
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