MADRID/TENERIFE, 10 (SERVIMEDIA)
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, firmaron este martes un pacto que recoge una serie de medidas para detener las llegadas de inmigrantes ilegales e “implicar” al Estado en la relocalización de los menores extranjeros no acompañados. Y, tras rubricar el texto, llamaron al Gobierno a adherirse a él y cerrar “un acuerdo de Estado”.
Feijóo y Clavijo celebraron se reunieron durante más de una hora para concretar su propuesta conjunta y, posteriormente, atendieron a los medios en la sede del Gobierno insular en Tenerife para detallar el contenido de este documento “contra el descontrol migratorio”, que vincula a las 14 comunidades y ciudades autónomas en las que gobiernan los populares.
El plan del PP y Coalición Canaria establece, en primer lugar, la convocatoria “urgente” de la Conferencia de Presidentes, así como la declaración de emergencia migratoria nacional para que las comunidades puedan contratar por la vía de urgencia.
En segundo término recoge seis medidas para “garantizar” el control en fronteras: “la mejora del control policial”; el establecimiento de un pasaporte de tránsito; la dotación de más medios humanos y materiales en la Comisaría General de Extranjería; el despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado en los países de origen “para ayudar y desarticular” las mafias que trafican con personas; solicitar la Unión Europea el despliegue de Frontex y de la Agencia Europea de Asilo; y aumentar el personal en la tramitación de los expedientes de retorno.
Por último, ambas partes acordaron reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para automatizar el reparto de los menores migrantes entre comunidades. No obstante, para aprobar esta modificación legislativa, se debe garantizar que ninguna autonomía queda “exenta” de participar en la reubicación de menores y la “implicación” del Estado.
Así las cosas, el documento recoge que, hasta el 100% de la capacidad de las comunidades, las autonomías gestionarán y financiarán la acogida de estos menores. Desde el 100% y hasta el 150%, las comunidades seguirán poniendo las instalaciones, pero el Estado se hará cargo de sufragar los costes. Y, a partir del 150%, el Estado tutelará a los jóvenes, además de costear su acogida.
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