MADRID, 10 (SERVIMEDIA)
Marea de Residencias y la asociación 7291:Verdad y Justicia para las Víctimas en las Residencias presentaron este jueves en la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid una denuncia colectiva para que se investigue “la discriminación” sufrida por las personas que vivían en las residencias de la región durante la primera ola de la pandemia y por la que no fueron trasladadas a hospitales.
En un comunicado emitido por las dos entidades se concreta que los 109 denunciantes son familiares de 115 personas que vivían en residencias en marzo de 2020. Ese número se repartía entre 72 geriátricos diferentes de Madrid. De ellos, fallecieron 111.
Los denunciantes consideran que se ha cometido “al menos un delito continuado de denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios, castigado en el artículo 511 del Código Penal”.
“Para la consumación de este delito no se requiere un resultado posterior a la infracción. Es decir, lo que se castiga es la denegación de la prestación pública, en este caso sanitaria, con independencia de cuál sea el resultado (con independencia de los efectos sobre la salud de la persona a la que se denegó la prestación)”, indica el texto.
La denuncia se dirige contra 29 personas. Así, detalla que va en contra de “los dos directores de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño durante la primera ola de la pandemia, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, quienes a su vez fueron el firmante y el autor de los dos protocolos que impidieron el traslado a los hospitales de los residentes madrileños; Pablo Busca Ostalaza, director del Summa 112 en aquel momento; Antonio Burgueño, autor del Plan de Choque contra la Pandemia aprobado por el Gobierno regional que incluía supuestamente una medicalización de las residencias que nunca se llevó a cabo, además de los geriatras responsables de aplicar el ‘Protocolo de la Vergüenza’ en los 25 hospitales públicos madrileños”.
Además, Marea de Residencias y 7291:Verdad y Justicia para las Víctimas en las Residencias opina que “las responsabilidades no se detienen en estas 29 personas y que hay otros autores del delito denunciado”.
De este modo se señala en el texto presentado ante la Fiscalía de Madrid: “En la presente denuncia sólo se menciona a aquellas personas sobre las que existen pruebas claras o indicios sólidos de participación en los hechos denunciados. Pero es más que probable que, durante la investigación fiscal y judicial, aparezcan otras personas que hayan tomado decisiones que prueben su autoría en el delito castigado en el artículo 511 CP”.
Creen que para la Fiscalía será “muy sencillo identificar a esos otros autores del delito denunciado”. “En todo caso, en nuestro afán de colaboración con la Justicia para que conozca la verdad y se depuren las responsabilidades penales que corresponda, en la denuncia se relacionan hasta 25 pruebas documentales que pedimos al Ministerio Público que recabe”, indican.
Los denunciantes detallan en su escrito “la discriminación sufrida por sus familiares en cinco ámbitos, aunque resulta especialmente grave lo ocurrido al no medicalizar las residencias y al impedir el traslado de residentes a hospitales públicos”. Los otros tres ámbitos se corresponden “al veto a atender a los residentes en los hospitales privados, salvo que el enfermo tuviera un seguro privado, en el hospital del Ifema y en los hoteles medicalizados”.
PRUEBAS “INÉDITAS Y RELEVANTES”
Junto a la denuncia, que tiene 160 páginas de extensión, los denunciantes han aportado 60 documentos. Algunos son conocidos, como las cuatro versiones del ‘Protocolo de la Vergüenza’ o varias actas de inspecciones realizadas en residencias por la Policía Municipal de Madrid, pero muchos – tal y como señalan- son “completamente inéditos y entendemos que absolutamente relevantes para probar la comisión de los delitos que se denuncian”.
Destacan, en ese sentido, informes internos del Gobierno madrileño en los que se reflejaba día a día la situación en la que estaban los 475 geriátricos de la región. Esos informes se empezaron a elaborar el 18 de marzo y cada uno de ellos contiene miles de datos: desde el número de residentes positivos o aislados con síntomas de covid, al número de profesionales contagiados o en aislamiento domiciliario o las necesidades de personal que tenía cada centro.
Los denunciantes resaltan que cada día la Consejería de Políticas Sociales “elaboraba dos informes –uno con los datos de las 25 residencias de gestión pública y otro con los de las 450 residencias de gestión privada– y cada noche los enviaba a la Consejería de Sanidad, que era la responsable de adoptar las decisiones para frenar el abandono sanitario”.
También aportan hasta siete informes –correspondientes a los días 31 de marzo, 7 de abril y 15 de abril, además del realizado el 23 de marzo para los centros privados–, pero solicitan al Ministerio Público que pida al Gobierno madrileño todos los informes que se hayan elaborado.
El análisis de esos informes permite hacerse una idea detallada “del abandono absoluto que vivieron las residencias madrileñas”. Entre los datos recopilados en esos informes figuran las “necesidades de personal”. Destacan que las 72 residencias donde vivían las 115 víctimas de esta denuncia declaraban el 7 de abril de 2020 que necesitaban 37 médicos, 146 enfermeros y 756 gerocultoras.
Otro documento relevante aportado junto a la denuncia “demuestra que la decisión de prohibir el traslado de los residentes a los hospitales se empezó a aplicar el 13 de marzo de 2020, cinco días antes de la aprobación del conocido como ‘Protocolo de la Vergüenza’”.
También hacen hincapié en un informe de la propia Consejería de Sanidad, en respuesta a una solicitud del Portal de Transparencia, que certifica que lo que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso llamó “medicalizar las residencias” consistió “en enviar 24 médicos y 25 enfermeras en marzo y abril de 2020, cuando 7.291 personas murieron en esos centros sin ser trasladados a un hospital”.
“Entendemos que las pruebas que se aportan son tan contundentes que el Ministerio Fiscal judicializará nuestra denuncia cuanto antes. En todo caso, como también se indica en el escrito, queremos recordar a la Fiscalía que los hechos delictivos que se denuncian podrían prescribir a partir de marzo del año que viene, 2025. Es su única y exclusiva responsabilidad impedir que esto ocurra”, inciden desde Marea de Residencias y 7291:Verdad y Justicia para las Víctimas en las Residencias.
Concluyen que “suficiente anomalía es ya que hayamos tenido que ser los familiares de las víctimas quienes buscamos y encontramos unas pruebas que a la Fiscalía y a los tribunales les habría costado muchísimo menos conseguir”.
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