MADRID, 16 (SERVIMEDIA)
Las nuevas responsabilidades que los Mossos d’ Esquadra tendrán que asumir en su colaboración junto a Policía Nacional y Guardia Civil en las fronteras complican el acuerdo entre el Gobierno y Junts a falta de unos “flecos jurídicos” por desenquistar.
La negociación entre el Gobierno y Junts sobre el traspaso de competencias de inmigración a Cataluña sigue estancada a falta de unos cuantos “flecos jurídicos”. Fuentes presentes en las negociaciones aseguran a Servimedia estar “más cerca” pero reconocen que el acuerdo no se cerrará esta semana y que ambos equipos seguirán negociando hasta desencallar el asunto.
La falta de formación de los Mossos ha sido uno de los aspectos negativos puestos sobre la mesa de negociación, junto a la falta de efectivos, para constatar que la implementación de este acuerdo no se realizará de la noche a la mañana, sino que podría entrar en vigor el próximo año.
La Policía autonómica tendrá que ser formada para el control de entrada y salida de extranjeros en fronteras, puertos y aeropuertos, así como en la investigación de las redes de inmigración ilegal; el régimen sobre extranjería, asilo e inmigración; y la capacidad de conceder el número de identificación de los extranjeros que residen en España (NIE), equivalente al Documento Nacional de Identidad (DNI).
Una formación que el cuerpo autonómico no tiene en la actualidad y que se suscribe en exclusiva en Cataluña a la Policía Nacional. Por tanto, los agentes que hoy realizan esta labor tendrán que enseñar a los Mossos todo lo que saben en esta materia para que el trabajo sea compartido, si finalmente se acuerda el modelo de colaboración en el que la última palabra la tendría el Ministerio del Interior.
Así, desde el sindicato Jupol aseguran a Servimedia que cuando los Mossos detienen a un extranjero y se abre una investigación penal, siempre tienen que pasar por una comisaría de la Policía para comprobar si la persona está en situación regular o irregular y si tiene abierto algún trámite de expulsión.
“DESCONFIANZA”
Sin embargo, pese a que varios miembros del Gobierno insistan estos últimos días en que el acuerdo con Junts no incumplirá la Carta Magna, desde los sindicatos policiales contemplan estas negociaciones con recelo y aseguran que “lo que quieren es quitarnos las competencias poco a poco. Comenzarán por tener acceso a los datos del Registro de Extranjeros, para luego ir metiendo cabeza y a partir de ahí, más y más”, señala Iván Álvarez, de Jupol.
Desde los sindicatos policiales denuncian que actualmente en Cataluña “no se está renovando a la plantilla” que realiza labores de Extranjería y desvelan que existe una “trampa” por la que muchos de estos policías se integran en esta plantilla, pero “están en comisión de servicio o de baja”, por lo que al final las unidades se suelen completar con agentes que se encuentran en prácticas.
Por todo ello, medio centenar de Policías Nacionales se concentró el pasado martes frente a la Delegación del Gobierno en Cataluña para protestar contra estas “cesiones” que el Ejecutivo negocia con Junts y de las que en ERC también sacan pecho asegurando que se trata de “concretar un traspaso de competencias que ya dejó listo el expresidente de la Generalitat de Cataluña Pere Aragonès” aunque el adelanto electoral impidió que se cerrase.
Por su parte, la secretaria general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Mónica Gracia, señaló a Servimedia que “la Policía Nacional no es moneda de cambio y si tenemos que denunciar al presidente del Gobierno y a nuestro ministro, Fernando Grande-Marlaska, lo vamos a hacer”.
FALTA DE EFECTIVOS
En un primer momento, los socialistas insistieron ante la formación liderada por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en que en el momento actual no hay suficientes dotaciones de Mossos para negociar este cometido y que el asunto requeriría de tiempo.
Actualmente, la policía catalana tiene una plantilla de poco más de 19.000 agentes, según fuentes del Ministerio del Interior, y lo que ambas partes rechazan es que se desplace a Mossos que trabajan actualmente en labores de seguridad ciudadana en Cataluña para cumplir este nuevo cometido.
En la última Junta de Seguridad convocada por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, el pasado diciembre, el Govern pactó con el Ministerio del Interior un aumento de la plantilla de los Mossos de un 20%, lo que supone llegar a los 22.000 agentes y hasta los 25.000 efectivos en el año 2030. Se trata de 3.000 efectivos más que los que se pactaron en la anterior reunión celebrada tres años atrás, una medida que mantiene la consejera de Interior de la Generalitat de Cataluña, Nuria Parlón, pero con la diferencia de que ahora se compromete a tener listos estos efectivos en septiembre.
Desde el entorno de la consejera aseguraron en un primer momento que “los Mossos no tienen capacidad de poder asumir estas competencias”, en relación al control de las fronteras por tierra, mar y aire, porque en este caso “tensionaremos el cuerpo y le estaremos exigiendo que vaya por delante de lo que debe ir”.
Sin embargo, el propio Illa declaró la semana pasada que los Mossos asumirán las competencias de seguridad en puertos y aeropuertos “en el mínimo tiempo posible”, sin fijar una fecha concreta. “Estamos buscando una fecha para hacer la Junta de Seguridad lo antes posible y en el mínimo tiempo posible dar pasos”, insistió el presidente catalán.
BATALLA JURÍDICA
La batalla jurídica entre el Gobierno y Junts continúa y el modelo de “colaboración” que proponen los socialistas le queda pequeño a la formación independentista, que exige para los Mossos un modelo de “plenas competencias en inmigración”.
Tal y como publicó Servimedia, los socialistas se amparan en el modelo bávaro para cambiar la transferencia de competencias por el encargo de funciones y, de esta manera, cumplir con el artículo 150.2 de la Constitución, por el que “el Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado”.
Siguiendo con el modelo alemán, España también cumpliría así con el espacio Schengen como miembro de los 27. Se trata de un modelo donde la Policía bávara colabora con la Policía federal alemana, que es quien ostenta en último término la jurisdicción exclusiva sobre las fronteras del país. Así, los controles dentro del espacio Schengen, que en realidad está libre de controles fronterizos e incluye a la mayoría de los países de la UE, deben ser notificados a la Comisión Europea.
Desde Junts cada vez tienen más claro que la gestión del control de fronteras tendrá que ser una competencia compartida entre los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional. “Al final las fronteras son territorio catalán, pero también del Estado y del espacio Schengen”, reconoció la semana pasada la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras. “Debe haber un control, pero no se puede hacer desde 600 kilómetros. La idea es que cuando alguien llegue a Cataluña, lo primero que vea sea un mosso y una bandera catalana”, afirmó.
La Generalitat de Cataluña acelera los trámites para la promoción de Mossos y fija septiembre para culminar su despliegue en fronteras. De esta manera, Illa ayuda estos días al Gobierno en la negociación con Junts. Sin embargo, fuentes del Govern también advierten de que la formación de los agentes autonómicos durará “meses” y hasta el año que viene este modelo de colaboración no se completará con normalidad.
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