MADRID, 02 (SERVIMEDIA)
El Ministerio de Política Territorial alcanzó en julio dos nuevos acuerdos con las comunidades autónomas de Galicia y Cataluña sobre normas en las que existían discrepancias competenciales.
Según informó este miércoles el Ministerio, los acuerdos alcanzados fueron uno parcial, en relación con una norma autonómica gallega, y uno total con Cataluña sobre una norma estatal.
Los acuerdos de julio, como en meses anteriores, se consiguieron abriendo un proceso de negociación, impulsado por el Ministerio en las comisiones bilaterales de cooperación, a través artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), instrumento jurídicamente habilitado para la colaboración con las comunidades autónomas.
En el primer acuerdo, ambas partes consideran interpretar el artículo 46 de la Ley de medidas fiscales y administrativas que introduce una nueva disposición adicional séptima en la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el fondo de compensación ambiental.
El segundo acuerdo, promovido por Cataluña, sobre una norma estatal modifica la Ley Orgánica de 2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
Entre otros detalles, ambas partes coinciden en interpretar que la previsión de asistencia de intérprete para el supuesto de que se desconozca el castellano debe entenderse referida, en aquellas comunidades autónomas con lengua propia declarada lengua oficial por sus estatutos de autonomía, no sólo el castellano, sino también, en este caso, a la lengua cooficial.
Además, se ha acordado que las administraciones sanitarias autonómicas, siguiendo el orden constitucional de distribución de competencias, han de poder establecer, si lo consideran oportuno, protocolos específicos que desarrollen el protocolo común, sin perjuicio de que también promuevan que los centros sanitarios establezcan sus propios protocolos.
Desde el inicio de la XIV Legislatura se han alcanzado 165 acuerdos finales totales y 15 acuerdos finales parciales que suman en conjunto 180 acuerdos finales con las comunidades autónomas, que han evitado otros tantos recursos ante el Tribunal Constitucional.
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