MADRID, 07 (SERVIMEDIA)
La unidad coordinadora de protección a personas con discapacidad y mayores de la Fiscalía General del Estado (FGE) impulsó el pasado año, como experiencia piloto, un protocolo de coordinación entre las entidades bancarias y la FGE para la comunicación de aquellos casos en los que exista sospecha de posible abuso patrimonial a titulares vulnerables. Este ensayo será la base de una implantación futura de estas medidas.
En la sesión de Apertura del Año Judicial, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, desgranó las principales actuaciones de esta unidad especializada dentro de la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2022.
Este acuerdo con las entidades bancarias se inscribe en el plan de coordinación del Ministerio Público con instituciones públicas y privadas en torno a las dificultades en la acreditación y reconocimiento funcional de la guarda de hecho, una nueva figura de acompañamiento a la persona con discapacidad o mayor que no le priva de su facultad de decidir.
En este terreno, la Fiscalía abordó un acercamiento a las asesorías jurídicas de las tres asociaciones del sector bancario, con el patrocinio del Departamento de Conducta de Entidades del Banco de España y en ese marco se creó en el mes de septiembre un Grupo de Trabajo experto con el objetivo de trasladar a la práctica bancaria los principios de accesibilidad y autonomía de las personas con discapacidad, así como las novedades de las figuras de apoyo derivadas del nuevo marco legal, particularmente centradas en la guarda de hecho como medida estable de apoyo informal.
El ejercicio 2022 ha supuesto la consolidación de esta unidad coordinadora en su segundo año de existencia, con la incorporación de un tercer fiscal para, entre otras labores, intensificar las relaciones institucionales, mejorar la atención al público a través del correo institucional ‘fge.discapacidadymayores@fiscal.es’, mantener el contacto permanente con el tercer sector, la actividad formativa y la accesibilidad.
Durante el pasado año se unificaron criterios procesales ante los trascendentes cambios introducidos por la Ley 8/21, de 2 de junio, por la que se reformó la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. En un grupo de trabajo integrado por jueces y fiscales especialistas se consensuó un modelo de buenas prácticas acorde con la nueva normativa.
TRATO DEGRADANTE
Por otro lado, señala la memoria, el Defensor del Pueblo, en calidad de Alto Comisionado de las Cortes Generales y mecanismo nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ha remitido a la unidad diversos informes como resultado de su actividad inspectora en unidades hospitalarias y centros psiquiátricos.
Estos informes han dado lugar a la incoación de expedientes de seguimiento en la unidad, su inmediata comunicación a la fiscalía territorial competente, y al desarrollo de la actuación que cada supuesto demandase, que normalmente incluye la visita al centro respectivo y posterior transmisión de la información de seguimiento sobre la aplicación de las recomendaciones del Defensor del Pueblo.
En general esas recomendaciones tuvieron que ver con la implementación de mejoras, la corrección de deficiencias o la instauración de protocolos. Tales fueron los casos de las unidades psiquiátricas del Hospital de Valdecilla, en Santander (Cantabria) o del Hospital Psiquiátrico de Conxo, en Santiago de Compostela (Galicia).
La unidad ha consolidado lazos interinstitucionales, tanto en comisiones y foros en los que participa, ya sea por disposición normativa o en virtud de convenios de colaboración, destacando los trabajos desarrollados con el Foro Justicia y Discapacidad, la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado o la Comisión Jubilare del Colegio de Registradores.
En el año 2022 se computaron un total de 51 expedientes de seguimiento. Estas cifras suponen un incremento del 27,5% respecto del año anterior y comprenden diversas actuaciones. La coordinación de actuaciones de secciones especializadas subió un 23,52%; el seguimiento de quejas relativas a personas residentes en recursos sociosanitarios creció un 33,33%, de los cuales solo un caso estuvo relacionado con la reciente pandemia. El resto tuvo que ver con el uso de contenciones o sujeciones y otras conductas de presunto trato degradante.
Las cuestiones de accesibilidad y discriminación por razón de discapacidad crecieron un 21,56% el año pasado; los asuntos de accesibilidad de la justicia subieron un 5,88% y las situaciones de abuso o desprotección patrimonial se incrementaron un 15,68%.
Además, esta Unidad especializada de la Fiscalía puso especial empeño que incentivar la atención ciudadana a través del correo ‘fge.discapacidadymayores@fiscal.es’, que durante el pasado año registró 404 entradas y supone un avance en el proyecto ‘Fiscalía Accesible’.
El fiscal general reconoce que el acceso a la justicia sigue siendo un reto pendiente, pues son numerosas las barreras que encuentran las personas con discapacidad al interrelacionarse con el medio judicial. Señala que el recurso a la lectura fácil es un instrumento “muy eficaz” para mitigar las dificultades comunicacionales.
En el caso de las víctimas de violencia de género con discapacidad se detectó la necesidad de que contasen con información accesible a la hora de solicitar una orden de protección, para facilitarlo el área especializada de la página web del Ministerio Fiscal publicó un formulario de orden de protección en lectura fácil elaborado por el Instituto de Lectura Fácil y la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil.
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