MADRID, 28 (SERVIMEDIA)
La financiación pública percibida por los partidos políticos ascendió a casi 555 millones, 183 millones en 2018 y 372 millones de euros en 2019, que se debió a la gran cantidad de procesos electorales celebrados en este último año. El informe del Tribunal de Cuentas establece que estas cantidades representaron el 71% y el 83% del total de los recursos obtenidos por los partidos en los ejercicios analizados.
Por este motivo, el Tribunal de Cuentas recomienda a las formaciones la conveniencia de equilibrar la balanza entre la financiación pública y privada para evitar una excesiva dependencia de los ingresos públicos y, en consecuencia, posibles situaciones de insolvencia.
El Informe concluye que las cuentas anuales de nueve de las 32 formaciones políticas no reflejan adecuadamente la imagen fiel de su situación financiera y patrimonial. Las cuentas de 13 formaciones no incluyeron en su totalidad las cuentas de las organizaciones territoriales o de algunos partidos federados o coaligados. En otros cinco casos el informe detecta falta de entrega de información contable y/o documentación justificativa. Además, en 2019 varias formaciones presentaban situaciones de desequilibrio patrimonial que desembocaron en algunos casos en situaciones concursales.
En el año 2017 entró en vigor la obligatoriedad de integrar en las cuentas anuales consolidadas la actividad de las sedes locales y comarcales de los partidos. En la fiscalización se ha observado que algunas formaciones políticas no habían culminado aún al cierre de 2019 este proceso de incorporación de todas las sedes.
INCUMPLIMIENTOS
El Informe recoge determinados incumplimientos susceptibles de sanción previstos en el artículo 17 de la Ley Orgánica sobre Financiación de Partidos Políticos. Estas supuestas infracciones podrían ser sancionables en vía administrativa por el Tribunal de Cuentas tras los procedimientos correspondientes. Estos posibles incumplimientos están relacionados con la falta de identificación de los donantes, la recepción de donaciones finalistas y de donaciones procedentes de personas jurídicas, así como por faltas al deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas.
En esta fiscalización se ha analizado por primera vez el cumplimiento por los partidos políticos de la obligación de aprobar un sistema de prevención de riesgos penales. Este sistema debe contar con elementos como un órgano de vigilancia, un mapa de riesgos, un canal ético o de denuncias, y un código de conducta, entre otros. El informe concluye que 20 de las 32 formaciones analizadas no contaba con este sistema pese a que la obligación entró en vigor en 2015.
El Pleno del Tribunal formula un total de 30 recomendaciones con el objetivo de contribuir a la mejora de la gestión de las cuentas anuales de los partidos políticos.
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