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El Tribunal General de la UE adquiere mayores competencias para tratar cuestiones prejudiciales en seis áreas concretas

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MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

El próximo 1 de septiembre entrará en vigor una modificación del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), publicada este lunes en el Diario Oficial de la Unión Europea, que prevé, entre otros extremos, una transferencia parcial de la competencia prejudicial del TJUE, aplicable a partir del 1 de octubre, que transfiere al Tribunal General de la UE las competencias para conocer cuestiones prejudiciales en seis materias.

La ejecución de esta transferencia parcial se inscribe en el marco de la continuación de la reforma de la arquitectura jurisdiccional de la Unión Europea y afectará a cuestiones prejudiciales relativas al sistema común del IVA, los impuestos especiales, el código aduanero, la clasificación arancelaria de las mercancías, la compensación y asistencia a los pasajeros en caso de denegación de embarque o de retraso o cancelación de los servicios de transporte, y el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. La modificación del Estatuto contempla asimismo una ampliación del mecanismo de previa admisión a trámite de los recursos de casación a partir del 1 de septiembre de 2024.

El objetivo de esta reforma es aliviar la carga de trabajo del TJUE en el ámbito prejudicial y permitirle seguir cumpliendo, dentro de unos plazos razonables, su misión consistente en garantizar la observancia del Derecho en la aplicación y la interpretación de los Tratados.

En 2001, los autores del Tratado de Niza habían previsto la posibilidad de una participación del Tribunal General en la tramitación de determinadas peticiones de decisión prejudicial, a pesar de lo cual el Estatuto no se había adaptado a tal efecto desde entonces. Sin embargo, durante los últimos cinco años se ha venido observando un incremento estructural y significativo de los litigios.

Esta evolución ha ido acompañada por un aumento de la complejidad y la sensibilidad de los asuntos relativos, en particular, relacionados con cuestiones de índole constitucional o con los derechos fundamentales. La reforma permitirá al Tribunal de Justicia concentrarse en su misión de protección y fortalecimiento de la unidad y la coherencia del Derecho de la Unión.

Por su parte, el Tribunal General está en condiciones de asumir esa carga de trabajo adicional y tramitará las cuestiones prejudiciales que se le transfieran de forma que ofrezca a los órganos jurisdiccionales nacionales y a los interesados garantías idénticas a las aplicadas por el Tribunal de Justicia.


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