MADRID, 22 (SERVIMEDIA)
El Tribunal de Cuentas (TCu) aprecia margen de mejora en el diseño de los Planes Antifraude sobre el uso de los Fondos Next Generation.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) es el instrumento a través del cual se canalizan los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). La UE destinó a España 140.000 millones entre 2021 y el 2026 y exige la elaboración de planes de prevención, detección, corrección y persecución del fraude (Planes Antifraude) a todas las entidades participantes en la ejecución de los fondos.
El TCu ha analizado los Planes Antifraude (PA) de 75 órganos y entidades del sector público estatal aprobados el 31 de mayo de 2022. De las 75 entidades analizadas, 64 disponían de un PA y las 11 entidades restantes estaban en proceso avanzado de implantación.
El Tribunal valora el alto grado de implantación de estos PA en el sector público estatal. Sin embargo, el informe señala que “en general, el desarrollo de dichas medidas ha tenido un alcance limitado, debido a que el plazo previsto en la normativa para que las entidades dispusieran de un PA ha sido excesivamente breve”. Según el informe esta rápida implementación ha sido la causa de que las entidades no dispusiesen de un sistema lo suficientemente desarrollado para afrontar los riesgos que se asumirían en la gestión de los fondos del PRTR.
En los PA analizados la mayor parte de las medidas esenciales están presentes, pero aún existía margen de mejora. De hecho, cumplido el plazo establecido, las entidades han seguido avanzando en la implementación de los PA.
El informe concluye que el 66% de los PA se centran en la gestión de los fondos del PRTR exclusivamente, sin hacerlo extensivos a toda su gestión. El Tribunal determina que esto podría erosionar la credibilidad del compromiso antifraude ante los ciudadanos y los trabajadores de las entidades.
Entre otros resultados, el informe destaca que la consolidación de una verdadera cultura antifraude en nuestras administraciones es un proceso “paso a paso”, que requiere, tras la aprobación de planes antifraude, un proceso posterior de revisión e interiorización por las personas afectadas, mediante la formación adecuada. Por ello, también en el informe se identifican buenas prácticas que han de servir para guiar al resto de entidades en este proceso evolutivo.
La configuración de un “sistema antifraude” con vocación de permanencia requiere que la diversidad de PA aprobados se integren en el marco común de la Estrategia Nacional Antifraude (ENA), que permitirá generalizar la aplicación de las medidas antifraude a todas las actividades económicas, con independencia del origen de los fondos que las financian y encajar los PA en políticas de integridad globales.
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