MADRID, 22 (SERVIMEDIA)
La Tribunal de Cuentas (TCu) concluye en su labor de fiscalización que una política pública de protección a los hijos de familias vulnerables, cuyos progenitores no satisfacen la pensión de alimentos es “positiva y necesaria”, aunque la regulación vigente es “insuficiente” para luchar contra la pobreza ente estos menores dada “escasa cuantía y duración de las garantías”.
El objetivo del Fondo de Garantía de Alimentos (FGA) es garantizar a los menores las pensiones de alimentos que no pagan sus progenitores, a través del anticipo de las cantidades adeudadas. La cobertura proporcionada por este Fondo, a petición de la familia interesada, es de 100 euros al mes por menor por un período de duración máxima de 18 meses.
En 2022 el Fondo recibió 1,8 millones de euros procedentes de los Presupuestos Generales del Estado de los cuales se ejecutaron 1,4 millones. La fiscalización constata que 1.747 progenitores al cargo de menores solicitaron acogerse a esta ayuda que finalmente sólo concedió en 554 casos.
El informe constata que el acceso a las prestaciones del Fondo para la satisfacción de necesidades que se consideran de carácter urgente y necesario está sujeto a una serie de cargas documentales y a unas rigurosas exigencias económicas que limitan su obtención y provocan que en el año 2022 un 68% de las resoluciones sobre las posibles ayudas sean denegatorias.
En el capítulo de recomendaciones se propone que se amplíe la cobertura, la cuantía y la duración de las ayudas y se regule su actualización automática, que se acceda de una forma rápida y simple a la pensión de alimentos facilitando su solicitud y tramitación y que se imponga al progenitor deudor un recargo sobre las cantidades impagadas, configurando la garantía como una prestación social gestionada directamente por los órganos de la Administración sin interés resarcitorio.
- Te recomendamos -
