MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
El informe del Tribunal de Cuentas concluyó este viernes que la actuación realizada por la Empresa Estatal de Participaciones Estatales (SEPI), en relación con las solicitudes de apoyo financiero temporal al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), con el fin de combatir los efectos de la crisis del Covid-19 entre los años 2020 y 2022 se concedieron en base a 13 criterios de elegibilidad prefijados por la Comisión Europea.
Así lo determinó este viernes el Tribunal de Cuentas en un comunicado, en el que destacó que la “SEPI aplicó adecuadamente la normativa en cuanto al cumplimiento de estos requisitos y a sus condiciones de financiación”.
Este órgano determinó que el Fasse recibió 74 solicitudes de apoyo financiero temporal por importe de 5.393 millones de euros, el 53% del importe total de 10.000 millones por el que se había dotado el Fondo. El total de operaciones aprobadas ascendió finalmente a 30 por un importe de 3.256 millones de euros, el 32,5% de la dotación del Fondo. Estos préstamos deberán ser reintegrados hasta 2029 según los acuerdos de financiación suscritos entre SEPI y las empresas beneficiarias.
La cuantía media de las ayudas solicitadas fue de 72,8 millones de euros por lo que el informe deduce que “en su mayoría, las empresas de gran tamaño no recurrieron a este apoyo financiero”. Asimismo, las 30 empresas beneficiarias se distribuyeron por subsectores económicos de la siguiente forma: 12 empresas turísticas, 7 industriales, 5 del sector de ingeniería, 5 líneas aéreas y 1 del sector servicios.
El informe concluyó que SEPI elaboró un procedimiento para tramitar las solicitudes ajustado a la normativa y garantista para la valoración de las solicitudes y, para ello, se apoyó en la contratación de asesores externos tal y como estaba previsto en la normativa reguladora del fondo.
El tiempo medio de tramitación de las solicitudes de ayuda fue de 355 días “restando eficacia al FASEE al comprometer el cumplimiento del objetivo de que la ayuda llegase al beneficiario en tiempo y cuantía”, según el Tribunal de Cuentas.
El fiscalizador establece que la demora en la tramitación se debió a “la complejidad de las condiciones de elegibilidad exigidas y del procedimiento establecido por SEPI para su comprobación” y concluye que, en cualquier caso, en la tramitación de las solicitudes, SEPI aplicó los procedimientos “de forma no discriminatoria”.
Los costes de gestión del Fasse ascendieron a 23,3 millones de euros de los que 14,2 millones fueron costes generales y de personal de SEPI imputados al Fasse en virtud de la habilitación legal para ello, aunque para su cálculo SEPI no aplicó un “procedimiento razonable fundamentado en datos y criterios objetivos”, según el comunicado.
Por último, el Tribunal de Cuentas recomienda que se apruebe una normativa que regule con claridad las decisiones a adoptar por el Fasse en el seguimiento de las operaciones de financiación y que SEPI elabore un procedimiento que le permita realizar una imputación de costes al Fasse en virtud de criterios técnicos y objetivos.
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