MADRID, 12 (SERVIMEDIA)
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de reforma presentado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) para suspender cautelarmente a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado mientras se le investiga por revelación de secretos.
En un auto conocido este miércoles, el magistrado que instruye la causa contra el fiscal general, Ángel Hurtado, mantiene su decisión de no apartar a García Ortiz del cargo, algo sobre lo que ya se pronunció a finales del año pasado.
La resolución desestima el recurso de reforma interpuesto por la APIF contra el auto del 25 de noviembre, que denegaba la suspensión cautelar. El instructor admite a trámite el recurso de apelación presentado de forma subsidiaria por esta entidad contra su nueva decisión.
El instructor argumenta que, aunque el fiscal general sea investigado mientras ostenta un cargo de “relevancia institucional”, ya firmó dos decretos en abril y octubre del año pasado en los que “se abstenía de intervenir en cualquier dación de cuenta o cualesquiera otras actuaciones”.
El auto señala que “ese compromiso de abstención que viene de la Fiscalía, como institución, que es algo que no cabe obviar, me inclinan a no acceder a la suspensión cautelar” solicitada por la asociación de fiscales.
ARGUMENTOS RECHAZADOS
El magistrado rechaza el argumento de que el fiscal general mantenga su condición de superior jerárquico de la fiscal encargada del caso durante la investigación, así como las alegaciones sobre supuestas actuaciones favorables de esta fiscal.
El instructor sostiene que incluso si se acordara la suspensión, no hay motivos para pensar que desaparecería la presunta relación de amistad entre García Ortiz y la fiscal del caso por revelación de secretos, ya que fue su “madrina” cuando inició su segundo mandato al frente del Ministerio Público.
En cuanto a las razones procedimentales, el auto establece que la competencia para suspender cautelarmente a un fiscal corresponde al fiscal general, según el artículo 145 del Reglamento del Ministerio Fiscal. Se apunta que García Ortiz no puede decidir sobre su propia suspensión por estar investigado, pero considera que la vía administrativa es la adecuada y debe articularse un mecanismo para que la cuestión se resuelva en este ámbito.
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