MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
El Tribunal Supremo ha reiterado que el ordenamiento jurídico español no permite convertir en funcionarios fijos o equiparables a quienes han recibido nombramientos temporales abusivos sin pasar por los procesos selectivos establecidos legalmente, aunque mantiene su derecho a ser indemnizados si acreditan perjuicios.
Según informó el Alto Tribunal este jueves, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado dos sentencias que mantienen la jurisprudencia en esta materia y consideran que no contradice la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La Sala enfatiza que “nuestro derecho no permite convertir al personal temporal de la Administración en funcionario de carrera o personal fijo sin que medien los procesos selectivos previstos legalmente para acceder a esa condición”, los cuales deben basarse en principios constitucionales.
Los magistrados subrayan que el impedimento “no es de mera legalidad, sino de constitucionalidad”, por lo que admitir la conversión automática “vulneraría elementos esenciales de la configuración de la función pública dispuestos por el constituyente”.
“CLARIDAD CRISTALINA”
El tribunal destaca que los procedimientos de selección en el sector público tienen características distintas a los del ámbito privado, del mismo modo que difiere el régimen estatutario de empleados públicos y trabajadores privados.
La Sala rechaza presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE, al considerar que la petición es tardía y pretende “eludir un pronunciamiento de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo de claridad cristalina”.
Los magistrados establecen que para determinar el uso abusivo de nombramientos temporales se debe comprobar si estos “se reiteran o prolongan para cubrir necesidades no permanentes o estructurales”.
El tribunal determina que los afectados por ceses fuera de los supuestos legales tienen derecho a ser repuestos hasta que el puesto se cubra por funcionario público o se amortice.
CASOS CONCRETOS
La Sala desestima los recursos de dos interinos: una empleada que trabajó más de 13 años en la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha y un profesor de Secundaria con más de 29 años de servicio.
Ambos funcionarios fueron cesados y reclamaron ser nombrados funcionarios de carrera o fijos, al considerar que habían sufrido abuso en su nombramiento temporal, petición que fue rechazada por el tribunal.
El Alto Tribunal reitera que quienes hayan sido objeto de nombramientos temporales abusivos podrán ser indemnizados si acreditan haber sufrido perjuicios, en la medida proporcional a estos o según establezca el legislador.
Los magistrados resaltan que esta posición jurisprudencial no se opone a la interpretación del Acuerdo Marco de la Directiva 1999/70/CE mantenida por el TJUE sobre esta materia.
La resolución establece que el derecho a indemnización requiere que los afectados demuestren los perjuicios sufridos por el uso abusivo de la temporalidad en su relación con la Administración.
DERECHOS Y GARANTÍAS
El tribunal enfatiza que esta doctrina protege tanto los principios constitucionales de acceso a la función pública como los derechos de los afectados por nombramientos temporales abusivos.
Los magistrados concluyen que esta interpretación equilibra la protección de los derechos de los empleados temporales con los principios constitucionales de mérito y capacidad en el acceso a la función pública.
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