MADRID, 28 (SERVIMEDIA)
El Consejero de Medioambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, explicó este martes que el Real Decreto que regula el nuevo Plan Hidrológico del Tajo introduce cambios que provocan “incertidumbre” en la planificación del suministro de agua a la región y que “crea un problema donde no lo había” en la forma en la que el Canal de Isabel II gestiona los recursos hídricos de la Comunidad.
Así lo explicó el consejero acompañado por un equipo técnico del Canal de Isabel II, durante un desayuno informativo en el que explicaron los motivos del recurso que interpuso ante el Tribunal Supremo (TS) la Comunidad de Madrid por el Plan Hidrológico en el mes de abril, aunque no se conoció hasta este lunes.
Según la Consejería y el Canal de Isabel II, el Plan actual introduce tres cambios, que a su juicio incumplen la ley y que dificultan la operatividad y la planificación del Canal.
RÍO ALBERCHE
El primer cambio, y el más grave para las dos instituciones, pasa por el uso que hace el Canal de Isabel II de los 220 hectómetros cúbicos que le corresponden del río Alberche. Antes de que se aprobara el Real Decreto, la región podía disponer de estos 220 hectómetros (el equivalente al 33% del consumo de Madrid) anualmente y sin restricciones para trasvasarlos al embalse de Valmayor, aunque en 2022 solo se necesitaron 167.
Con la modificación, aunque las cantidades no cambian, el Canal de Isabel II deja de poder emplear este recurso de manera autónoma, y ahora debe solicitar el acceso al mismo mes a mes a la Confederación Hidrográfica del Tajo, que se reserva su autorización o no.
Desde la Consejería, además, se quejan de que no han tenido acceso a los criterios por los que se les acepta o deniega el suministro, aunque hasta ahora solo lo han tenido que solicitar en una ocasión en la que obtuvieron una aprobación que las administraciones han prolongado todos los meses hasta nuevo aviso.
En cualquier caso, Novillo asemejó esta situación a la posibilidad de que “una presa se rompa de un día para otro” y fue pesimista con un posible cambio, porque la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, repetirá en esta legislatura. “No habrá piedad para Madrid”, aseveró.
“CAMBIO EN LAS REGLAS DEL JUEGO”
Según explicaron desde la empresa pública, esto no restringe las cantidades porque los 220 hectómetros están garantizados por ley, pero introduce un factor de incertidumbre, al no saber si el mes siguiente podrán disponer de ese agua o la Confederación se la negará. Esto a ojos del consejero delegado del Canal, Mariano González, supone “un cambio en las reglas del juego a mitad del partido”.
Asimismo, la directora de operaciones de la empresa pública, Belén Benito, relató que la gestión del Canal se hace teniendo en cuenta todos los recursos de los que dispone la región, por lo que si en un momento necesitan paralizar una infraestructura, necesitan conocer con antelación si tendrán acceso al agua del Alberche o no.
Ambos organismos afean también que en un sistema que funcionaba correctamente tengan que introducirse ahora sistemas de control que el consejero calificó de “arbitrarios”.
CAUDAL ECOLÓGICO
El segundo elemento de la demanda interpuesta por el Gobierno regional pasa por un aumento del caudal ecológico que “no se sustenta en ningún estudio”, según el consejero, y que reducirá el agua a disposición de consumo humano, aunque en el caso de que hubiera desabastecimiento, este prevalece sobre cualquier otro uso, según la Ley de Aguas.
El caudal ecológico es un mínimo de caudal que hay que desaguar para la correcta conservación del cauce de los ríos. El Real Decreto recoge un aumento de este caudal que pasa de 30 a 90 hectómetros, el equivalente al agua que consume una población de 400.000 personas en un año, según los técnicos del Canal.
MARCO LEGAL
Por otro lado, el Real decreto introduce cambios legales en la depuración de aguas equiparando a Madrid, que, según la Consejería, tiene unas características especiales porque no tiene ningún gran río receptor, con el resto de cuencas, entorpeciendo así los 55 millones de euros que se habían invertido en la mejora de estos sistemas en los últimos años teniendo en cuenta el marco anterior.
Los servicios jurídicos del Canal de Isabel II, que también participaron en la reunión, argumentaron que el Real Decreto es ilegal porque introduce una norma solo y únicamente para Madrid, cuando las leyes deben tener “vocación de generalidad”.
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