MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
El Senado ha pedido “encarecidamente” al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que concrete los días en que podrá comparecer ante la Cámara Alta para presentar la Memoria de la Fiscalía de 2023 e informar sobre su gestión.
Esta reclamación figura en una carta, a la que ha tenido acceso Servimedia, que ha sido enviada al fiscal general por parte de la presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, Yolanda Ibarrola.
En la misiva se recuerda a García Ortiz que el pasado 24 de octubre le trasladó el acuerdo de la Mesa de la Comisión de Justicia para que compareciera ante este órgano, una cita que se fijó inicialmente para el 4 de diciembre.
El responsable del Ministerio Público se retractó de este compromiso el 29 de noviembre “debido a problemas de agenda que se extendían durante todo el mes de diciembre”, según expone la carta remitida por Ibarrola al fiscal general.
Esta carta remitida desde el Senado coincide con que este lunes se haya conocido que el Tribunal Supremo ha citado al fiscal general para el 29 de enero en la causa donde se le investiga por revelación de secretos. Se trata de determinar si participó en la difusión pública de la negociación entre su institución y Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
“NI UN MINUTO MÁS”
Al mismo tiempo, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, aseguró que “no puede pasar ni un minuto más sin que el fiscal general del Estado confirme la fecha de su comparecencia pendiente en el Senado”, tras conocer la misiva enviada por Ibarrola.
La representante popular indicó que, “tras la negativa del fiscal general imputado a comparecer en el Senado en el pasado periodo de sesiones”, puede concluirse que “huye de la Cámara para no dar explicaciones a los senadores y a todos los españoles de su gestión”.
García señaló que su partido entiende que el fiscal general del Estado “tiene que dedicar mucho tiempo a afrontar la situación judicial que le cerca, pero no debería ser excusa para eludir su responsabilidad con el Parlamento”.
Concluyó que “la situación de García Ortiz como imputado es una causa con un peso aplastante como para que ya hubiera presentado su dimisión, así como los escándalos que lo acorralan”.
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