MADRID, 05 (SERVIMEDIA)
El Pleno del Senado aprobará este miércoles el proyecto de Ley de Memoria Democrática por el que se reconoce como víctimas a las personas que padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura franquista hasta la promulgación de la Constitución Española de 1978.
La norma fue remitida por el Congreso de los Diputados el pasado 14 de julio, y hoy se someterá a votación para su aprobación definitiva. En la sesión plenaria celebrada en la Cámara Alta, la norma se enfrentó a la defensa de los cuatro vetos contra la misma presentados por Unión del Pueblo Navarro (UPN), Ciudadanos, Vox y el Partido Popular.
Por otra parte, se presentaron más de 2.500 enmiendas al texto, que finalmente saldrá adelante gracias al rechazo expresado por Compromís, ERC, Junts per Catalunya y PNV a los cuatro vetos defendidos por la derecha.
En la presentación del dictamen sobre la ley, el senador socialista Antonio Magdaleno Alegría destacó los vetos y el alto número de enmiendas presentadas. Igualmente señaló que la ponencia, tras reunirse el pasado 29 de septiembre, emitió su informe, en el que acordó aprobar el informe del texto remitido por el Congreso de los Diputados.
CUATRO VETOS
En la defensa de su propuesta de veto, el senador de UPN Alberto Catalán lamentó “ese empeño de querer romper el consenso de la Transición”, y el empeño “del Gobierno en caer en las redes de la extrema izquierda y del independentismo” a la hora de “despreciar y criticar nuestra Transición y nuestra Constitución”, poniendo en cuestión, “por ejemplo, la Ley de Amnistía”.
Por su parte, José Manuel Marín Gascón, de Vox, expresó el rechazo de su formación a “las políticas llamadas de memoria histórica y de memoria democrática”, ya que, el proyecto de ley a examen “no pretende preservar ni recuperar la memoria ni la historia, al contrario”. En su opinión, “su propósito es la erradicación de la memoria de una parte de nuestro pueblo y la imposición totalitaria de un relato único y falaz del siglo XX español”. El objetivo, aseveró, es contribuir “a configurar la hegemonía ideológica de la izquierda y los separatistas en la sociedad actual”.
En su turno, Miguel Sánchez López expresó que, a juicio de Ciudadanos, la nueva norma “es una enmienda a la totalidad a la Transición española” y “pone en duda jurídicamente el principio de irretroactividad”.
Al respecto, el senador de Cs añadió que las disposiciones sancionadoras no pueden ser retroactivas, “y con este proyecto de ley me temo que así será”. Y se aprobará, auguró, gracias al respaldo de “todos los que quieren destruir el Estado, los que no quieren bien a este país”.
Además, lamento, “creará una desigualdad inaceptable entre las víctimas del franquismo y las víctimas de la organización terrorista ETA en lo relativo a los mecanismos para evitar situaciones de humillación y menosprecio a éstas y a sus familias”.
Amelia Salanueva fue la senadora que defendió la propuesta de veto del PP, y denunció el pacto con Bildu para aprobar la ley, que “es una expresión actualizada de quienes en esa época utilizaban la violencia terrorista como método sistemático de actuación, con consecuencias dramáticas, sin que aún hayan condenado esos crímenes”.
“Compartimos el deseo de las familias de buscar y exhumar los cadáveres de sus familiares, y lo entendemos y lo comprendemos”, desde el Partido Popular, pero “para eso, señorías, no hacía falta esta ley”, apostilló.
“MEMORIA, JUSTICIA Y REPARACIÓN”
En el turno de posicionamiento de los portavoces, Carles Mulet, de Compromís, se mostró en contra de los vetos presentados “sin ser entusiastas de esta ley, y menos entusiasta con la actitud del Partido Socialista de no querer mejorar ni una coma”.
En su opinión, “esta ley es de nuevo un desprecio a esta Cámara”, y espetó al PSOE que en el Senado “no tienen mayoría absoluta y muchas veces se llevan los sustos que se llevan por ese exceso de soberbia”.
Desde Junts, Josep María Cervera lamentó el “póker de demagogia y la sobredosis de blanqueamiento del franquismo”, antes de anunciar su rechazo a los vetos. En la misma línea se expresó Josep Maria Reniu, de Esquerra, que afirmó que la ley “adolece de diversos aspectos” pero, añadió, “no es óbice para que con la misma claridad afirmemos que no compartimos ni uno de los argumentos esgrimidos en los vetos por parte de los grupos de derecha y ultraderecha”. Y zanjó pidiendo “memoria, justicia, reparación y garantía de no repetición, que nadie se olvide de ello”.
La senadora jeltzale Estefanía Beltrán de Heredia avanzó que el PNV votará contra los vetos al proyecto de ley, ya que, afirmó, sus proponentes “no es que no quieran esta Ley de Memoria Democrática”, sino que, en su opinión “no quieren ninguna ley que recupere la memoria sobre los crímenes y las vulneraciones de los derechos humanos cometidos durante la guerra civil y la dictadura franquista”.
Para Beltrán de Heredia, dichos partidos “tampoco quieren que se restablezca la verdad de lo ocurrido, no quieren reparar a las víctimas”, porque, a su juicio, “quieren seguir cubriendo, con ese manto de silencio, esa etapa de totalitarismo fascista, para ver si con el silencio llega por fin el olvido”.
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