MADRID, 18 (SERVIMEDIA)
El comisario de Justicia de la Comisión Europea, Didier Reynders, ha solicitado entrevistarse con el presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, durante la visita que realizará próximamente a España. La reunión tendrá lugar el viernes 30 de septiembre en la sede del Supremo. Mientras tanto, el sector conservador del Consejo retrasará la renovación del Tribunal Constitucional, al menos, hasta después de esa visita.
Continúa así el pulso en el CGPJ entre los vocales progresistas, que quieren nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que les corresponde, y los conservadores, que tratan de alargar el acuerdo sobre unos nombramientos que tenían como tope el pasado día 13 de septiembre.
El sector conservador mantiene sus posiciones frente a la reforma legislativa del Gobierno que limitó las facultades del Consejo para hacer nombramientos estando en funciones.
Pretenden que estos nombramientos se realicen tras la renovación del CGPJ, que lleva casi cuatro años fuera de mandato, o que el Ejecutivo dé marcha atrás en esa reforma legislativa que tuvo que modificar de manera parcial en julio pasado para permitir el nombramiento de cuatro miembros del Constitucional, dos por el Consejo y otros dos por el Gobierno.
Esas designaciones cambiarían la relación de fuerzas en el TC que pasaría a tener mayoría progresista. El Gobierno no pude nombrar a los dos magistrados que le corresponden sin que el CGPJ designe a los suyos, por lo que el asunto ha trasladado el pulso al órgano de gobierno de los jueces.
El sector conservador considera decisiva la visita de Reynders y espera que el comisario sea capaz de forzar los acuerdos necesarios para renovar el Consejo, por lo que su idea es dilatar le negociación hasta su llegada a España.
En la primera reunión celebrada el viernes, el grupo conservador no puso sobre la mesa ningún nombre y reclamó que los nombramientos se realicen por amplia mayoría y tras una minuciosa evaluación de los currículos de los candidatos. También pidieron que se tenga en cuenta la repercusión en el Tribunal Supremo de esos nombramientos, puesto que los magistrados que vayan al Constitucional saldrán de sus filas.
El sector progresista está de acuerdo en los dos primeros puntos pero no se pronunció sobre la situación que se puede generar en el TS por la salida de otros dos magistrados de su mermada plantilla.
Así las cosas, ambos grupos se han emplazado a una nueva reunión para el próximo día 21 de septiembre, en la que muy probablemente no se llegará a ningún acuerdo concreto.
“URGENCIA Y PRIORIDAD”
Lesmes ya recibió el pasado 15 de junio a la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Valores y Transparencia, Věra Jourová, con la que abordó diversas cuestiones en relación con el estado de la Justicia en España y con la situación del órgano de gobierno de los jueces.
La preocupación de las instancias europeas por el bloque de la renovación del Consejo y la parálisis en los nombramientos que de él dependen ya han venido siendo manifestadas por distintos responsables comunitarios en las últimas semanas.
El pasado lunes, la vicepresidenta de la Comisión Europea dirigió una carta a Lesmes en la que le trasladaba su preocupación por la situación y defendía la “urgencia y prioridad” de la renovación del Consejo, al tiempo que advertía que el funcionamiento de las instituciones del Estado “no deben formar parte del debate político y menos aún ser rehén de ese debate”.
En su misiva, Jourová respondía a una carta previa enviada por Lesmes en la que le exponía su preocupación por la situación del poder judicial. En esa respuesta aboga por la “urgencia y prioridad absoluta” de renovar el CGPJ y de abordar a continuación la reforma del modelo de designación de los vocales procedentes del turno judicial, “que la Comisión considera necesaria”.
Jourová abogó por “proceder con carácter prioritario a la renovación del Consejo General del Poder Judicial e iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso con el objetivo de reformar el modelo de designación de los vocales del turno judicial teniendo en cuenta los estándares europeos”.
La Unión Europea advertía así de que un bloqueo prolongado que afecte al correcto funcionamiento de instituciones estatales esenciales, como el Poder Judicial, “es perjudicial para el Estado de Derecho y, por tanto, para el Estado en su conjunto. El correcto funcionamiento de las instituciones del Estado, que es el único interés de la Comisión, no debe formar parte del debate político y menos aún ser rehén de ese debate”.
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