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El PSOE y el PP encaran el Día de la Constitución echándose en cara su incumplimiento

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MADRID, 04 (SERVIMEDIA)

El PSOE y el Partido Popular encaran el Día de la Constitución de este próximo martes 6 de diciembre echándose en cara su incumplimiento y enrocados en sus posiciones, sin vislumbrarse avances claros en la modificación del artículo 49 de la Carta Magna para sustituir el término ‘disminuidos’ por “personas con discapacidad” ni, sobre todo, para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que cumple cuatro años con el mandato expirado.

Desde el Gobierno y el PSOE arremeten constantemente contra el Partido Popular por autodenominarse “constitucionalista” pero a la vez “incumplir” la Carta Magna bloqueando durante cuatro años la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los socialistas, según fuentes consultadas por Servimedia, sostienen que el PP no procede a renovar el órgano de gobierno de los jueces porque sigue sin asumir que el Ejecutivo está en manos del PSOE y porque espera “ganar en los tribunales” lo que no consigue en las urnas y, por tanto, tampoco en el Parlamento.

En esa posición, lamentan, llevan asentados unos cuatro años y el PP ha esgrimido ya más de 20 excusas, dicen, para no renovar el CGPJ. Por ello, los socialistas entienden que el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo sigue “echado al monte” y quedó “inhabilitado” como formación de Gobierno por estar “en rebeldía constitucional”.

Además, desde el partido de Pedro Sánchez reconocen que en la práctica “no se mueve nada” con respecto al cambio que precisa la Constitución para quitar el término ‘disminuidos’ del artículo 49 y sustituirlo por “personas con discapacidad”. Las fuentes consultadas por esta agencia denuncian que el PP proclame que quiere el cambio pero eso no se traduzca en hechos concretos.

Por su parte, fuentes populares consultadas por Servimedia denuncian la falta de voluntad de acuerdo por parte del Gobierno y se quejan de que el PSOE “no llama para nada” al principal partido de la oposición porque ya ha elegido a sus propios socios, cuya hoja de ruta es incompatible con la del PP, subrayan.

En lo que atañe al artículo 49 de la Constitución, desde el PP recalcan a esta agencia su “voluntad inequívoca” con esta causa y aseguran que el tema podría estar “cerrado en 48 horas” si el PSOE realmente quisiera. “Nuestra disposición es total”, aseguran.

En su caso, presumen de ser un partido de Estado que sí estaba dispuesto a renovar el CGPJ y a llegar a otros pactos, pero que “no fue posible porque el Gobierno nunca renunció a politizar la Justicia”, como a su juicio se ha visto con los nombramientos al Tribunal Constitucional del exministro Juan Carlos Campos y de Laura Díez, hasta hace unos meses directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia.

En el PP piensan que el PSOE se ha desmarcado del camino constitucional para “alegría” de los independentistas y con el objetivo de que Sánchez pueda “resistir” un año más. Así, creen que el Gobierno también frustró todo avance en este ámbito con su afán por reformar de manera exprés el delito de sedición, con lo que se “debilita el marco constitucional” al “vaciar el Código Penal”.

Es más, el presidente del PP se ha ofrecido estos últimos días a los votantes del PSOE “para recuperar el pacto constitucional”. Feijóo ya considera que “cualquier nuevo paso hacia el abismo es posible” porque el marco de la Constitución de 1978 “se cuestiona” desde el poder y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha abierto las puertas de su Gobierno al “radicalismo” contra el que luchó el PSOE en el periodo constituyente.

Los socialistas responden al PP que se erige en defensor de la Carta Magna cuando la incumple “sistemáticamente” con la no renovación del CGPJ esgrimiendo “excusas” que no tienen “nada que ver”, como la última reforma del delito de sedición, para no cumplir con la Constitución y renovar el órgano de gobierno de los jueces y, por extensión, el propio Tribunal Constitucional.

Hasta “veintidós excusas” tienen contabilizadas en el Ejecutivo que ha esgrimido el Partido Popular desde 2020, cuando estuvieron a punto de pactar la renovación del Poder Judicial, de las que 14 se produjeron bajo el mandato de Pablo Casado y 8 ya con Feijóo al frente del PP.


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