MADRID, 26 (SERVIMEDIA)
El PSOE rebaja la tensión con quien fuera su secretario de Organización José Luis Ábalos tras la declaración de Víctor de Aldama al cumplir diez meses sin resolver su suspensión cautelar de militancia, pese a que en enero votará a favor del suplicatorio para que el Tribunal Supremo investigue a quien fue una de las personas de confianza de Pedro Sánchez.
El PSOE “me lo ha dado todo y también me lo ha quitado todo”, comentó Ábalos a Servimedia tras una rueda de prensa, celebrada la semana pasada en el Congreso de los Diputados, en la que relató que denunciaría a la Guardia Civil ante la Fiscalía por “interceptar” su correspondencia privada estando aforado.
Se trata del último capítulo del diputado desde que la Justicia comenzase a investigar el ‘caso Koldo’, denominado ‘Caso Delorme’, por el que se le investiga por formar parte de una presunta “organización criminal” para lucrarse con nueve contratos públicos de compra de mascarillas valorados en 54 millones de euros.
Él mismo nota cómo algunos compañeros vuelven a saludarle por los pasillos del Congreso tras su señalamiento inicial y suspenderle cautelarmente tras 43 años como militante tras negarse a dejar su acta de diputado.
Un miembro de la dirección federal también desvela que mantiene contacto con el diputado y que “nunca” le ha negado el saludo en el Hemiciclo. Asimismo, también se le ha contactado recientemente para conocer el sentido de su voto sobre alguna propuesta parlamentaria y añaden que la situación “ya está como antes”, evitando pronunciar la palabra “tensión” por la que se caracterizó el periodo en que se destapó el caso y cómo su sucesor al frente del Ministerio de Transportes, Óscar Puente, decidió abrir una auditoría para ver si podría haber indicios de una posible trama. Un asunto que enfadó mucho a Ábalos.
Ahora, la formación y el diputado coinciden en desmentir las acusaciones del presunto comisionista de la trama, el empresario Víctor de Aldama. Sin embargo, varios diputados siguen sin querer pronunciarse sobre él cuando se menciona su nombre.
El pasado febrero, el Comité Federal del PSOE decidió expulsarle como afiliado del partido y militante de la agrupación del distrito norte y Trànsits de Valencia capital.
El órgano le acusó de “obstruir la labor y decisiones” de Ferraz, “imposibilitar la representación del partido en las instituciones”, “actuar en contra de los acuerdos adoptados por la dirección” y de “menoscabar la imagen de las instituciones socialistas” por su negativa a renunciar al escaño en asunción de responsabilidades políticas tras el estallido del ‘caso Koldo’.
Fuentes de la dirección federal del partido señalaron a Servimedia que Ábalos debía de apartarse de sus responsabilidades tras el estallido de la presunta trama corrupta de cobro de comisiones ilegales en el seno Ministerio de Transportes que él entonces dirigía. Y, al haber incumplido el plazo de 24 horas que le concedieron para dejar su acta y comunicar que se pasaba al Grupo Mixto, el otrora ministro de Sánchez y ‘número dos’ de los socialistas dejó de ser parte de la formación política a la que llevaba activamente ligado desde 1981.
Fuentes de la formación se apoyaron en el artículo 83 de los Estatutos y el artículo 328.3 del Reglamento interno que establece que “la Comisión Ejecutiva Federal de oficio, a instancias de la Comisión de Ética y Garantías o en virtud de denuncia razonada, podrá incoar un expediente para determinar si determinados hechos pudieran ser constitutivos de infracción sobre los que no se siga expediente disciplinario”.
El diputado se defendió con uñas y dientes y al día siguiente reprochó sufrir una “gran indefensión” porque su sanción “prácticamente estaba ya decidida” sin, ni siquiera, estar siendo investigado por la Justicia.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor del ‘caso Koldo’, rechazó en septiembre pedir al Tribunal Supremo que lo investigara. Sí lo hizo un mes después. En concreto, el 23 de octubre. Y después el Supremo solicitó el 18 de diciembre al Congreso el suplicatorio que, previsiblemente, se votará en el primer pleno de enero con el ‘sí’ del PSOE.
‘SÍ’ AL SUPLICATORIO
Su portavoz en la Cámara Baja, Patxi López, adelantó el sentido del voto de los socialistas asegurando que no se opondrán a que el exministro sea investigado y se amparó en que “lo hemos hecho siempre” con este tipo de solicitudes.
En la solicitud, el magistrado Leopoldo Puente argumentó haber encontrado “indicios bastantes” de la posible comisión de, al menos, cuatro delitos por parte del diputado por Valencia relacionados con la integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
“Siempre que ha habido un caso de este tipo, nosotros hemos colaborado con la Justicia”, comentó por su parte el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso.
El suplicatorio, que saldrá adelante, podrá llevarse a votación en el primer pleno que se convoque en enero. Se trata de un periodo extraordinario, pero está previsto que al menos se celebre una sesión antes de que finalice el mes para convalidar los acuerdos aprobados en el último Consejo de Ministros del año del pasado lunes.
Sin embargo, tras diez meses de espera y pese a conocerse el suplicatorio y la imputación de cuatro delitos, nada se sabe de la Comisión de Ética y Garantías, el órgano que determine la expulsión definitiva o no del que fuera secretario de Organización.
Ábalos recurrió la decisión ante este órgano y fuentes de la dirección destacan que “no hay previsión” de que se tome alguna decisión durante las navidades. Aunque sí se amparan en que se trata de “un proceso garantista” donde los estatutos del partido se respetan “escrupulosamente”.
Por su parte, el exministro siguió defendiendo su inocencia en esta última rueda de prensa celebrada en el Congreso la semana pasada lanzando una advertencia a sus excompañeros. Ábalos recordó que el código ético de la formación no permite al Grupo Socialista pedirle el acta, como hizo el pasado mes de febrero provocando su marcha al Grupo Mixto, hasta que sea citado como imputado a juicio oral. Es por ello que ha decidido aferrarse a su acta.
Así, según el código ético de los socialistas, la suspensión de militancia se fija en el caso de la apertura de juicio oral por delitos de corrupción añadiendo que “se podrá también acordar la suspensión cautelar automática de la afiliación en los supuestos anteriores antes del auto de apertura juicio oral en los supuestos de detención o auto de transformación del procedimiento abreviado u otras resoluciones judiciales que consideren indiciariamente acreditados estos delitos o cuando iniciada una investigación penal concurran circunstancias especialmente graves respecto de los hechos imputados que exijan esta decisión motivadamente con carácter inmediato”.
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