MADRID, 10 (SERVIMEDIA)
El PSOE registró este viernes en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para hacer frente a las “acciones judiciales abusivas”, que incluye sacar a las acusaciones populares de la instrucción de sumarios y permitir la recusación de jueces que hagan declaraciones sobre causas que están instruyendo.
La iniciativa fue presentada por el portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López, quien explicó que su partido planteaba esta propuesta legislativa para impedir el “acoso derivado de acciones judiciales abusivas” de quien usa las actuaciones en los tribunales, “con el único fin de atacar a quienes no comulgan con sus planteamientos”.
Esta proposición de ley orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas aborda “cuatro frentes”: reformar de las acusaciones populares; suprimir de los delitos de ofensa a los delitos religiosos; no abrir causas solo con recortes de prensa y recusar a jueces que hagan declaraciones políticas relacionadas con las causas que instruyen.
En primer lugar, la reforma de la acusación popular prohibirá personarse como tal a partidos políticos y a asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos. Además, el PSOE busca que “la participación de la acusación popular quede circunscrita a la fase de juicio oral y a la formulación inicial de la querella nada más”, puesto que sostuvo que “la instrucción es una fase que debe estar protagonizada e impulsada por el Ministerio Fiscal y por los perjudicados directos por el delito”.
FILTRACIONES “INTERESADAS”
Esta medida tiene el objetivo de “acabar con las filtraciones interesadas y constantes” de las diligencias por parte de “esas acusaciones que tienen objetivos políticos”, así como poner fin a “los intentos abusivos de pedir diligencias desconectadas del objeto de la investigación con el único fin de dar un perfil mediático a un proceso judicial”.
El segundo mecanismo es la obligación de inadmitir querellas basadas “exclusivamente en recortes de prensa”. López explicó que se trataría de “incluir en la Ley de manera expresa” lo que ya es doctrina del Tribunal Supremo: “la imposibilidad de abrir un proceso penal con meros recortes de prensas sin el menor indicio de irregularidad”.
La tercera medida es la supresión del delito de ofensas contra los sentimientos religiosos, con la eliminación del artículo 525 del Código Penal porque está siendo “permanentemente utilizado por organizaciones ultras fundamentalistas” para “perseguir a artistas, activistas, representantes electos”. López denunció que estas denuncias les hacen “pasar por procesos penales muy costosos” a nivel económico y personal “sin fundamento alguno”. Puso como ejemplo la reciente denuncia contra Lala Chus u otras contra el Gran Wyoming o Dani Mateo.
El cuarto “frente” implica la abstención y recusación de jueces por declaraciones de contenido político, puesto que López considera que los mecanismos de acoso “tienen el denominador común” de la “judicialización de la política” que lleva a la “politización de la Justicia”. El portavoz advirtió de que esto tiene una “consecuencia fatal para la imagen de la imparcialidad del Poder Judicial”.
Por ello, la iniciativa propone que los jueces se puedan abstener por voluntad propia cuando hayan participado directamente en unas declaraciones políticas sobre lo que afecta al proceso en el que deben participar, o también puedan ser recusados por dichas declaraciones.
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