MADRID, 19 (SERVIMEDIA)
El PSOE aseguró este viernes que “el Gobierno demuestra con su actuación su respeto institucional al Poder Judicial” y recordó que la imputación del juez Manuel García-Castellón al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont por presunto delito de terrorismo está pendiente de resolución sobre el recurso que contra ella presentó la Fiscalía.
Fuentes socialistas quisieron hacer estas puntualizaciones después de la polémica generada por la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, quien, en una entrevista en TVE esta mañana, deslizó que García-Castellón tiene “querencia” a tomar decisiones jurídicas “siempre en la misma dirección” y en “momentos políticos sensibles”, como el actual en que se tramita la amnistía a los independentistas catalanes, la cual deja fuera a los condenados en sentencia firme por terrorismo.
“El Gobierno demuestra con su actuación su respeto institucional al Poder Judicial, a la separación de poderes y a la independencia de jueces y magistrados en su labor. Con esos principios de actuación, el Gobierno siempre respeta las decisiones del Poder Judicial aunque, en ocasiones, no comparta algunas de ellas”, reivindicó el PSOE.
En particular, en el ‘caso Tsunami’ que instruye García-Castellón, las fuentes socialistas remarcaron que “las decisiones del magistrado fueron recurridas por el Fiscal del caso, por lo que la consideración jurídica de los hechos ocurridos como terrorismo están pendientes de recurso ante la propia Audiencia Nacional”. “Ese debate jurídico se resolverá por los órganos judiciales y el Gobierno respetará, por supuesto, la decisión final que se adopte”, aseguraron desde el PSOE.
Ante la denuncia vertida desde el PP de que las declaraciones de Ribera sugerían que García-Castellón prevaricó y suponen una intromisión en la justicia, el PSOE replicó que “si en España hay un claro ejemplo de intervencionismo en el Poder Judicial, es el secuestro al cual el Partido Popular está sometiendo al CGPJ, bloqueando su renovación desde hace más de 5 años; o el intento de ‘controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo por detrás'”, como en su día presumió de hacer el entonces portavoz del PP en el Senado y luego director general de la Policía Ignacio Cosidó.
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