MADRID, 25 (SERVIMEDIA)
El presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), Alberto Virella, afirmó este martes que dentro del cuerpo diplomático “hay temor a que se tomen represalias” desde Exteriores por realizar algún comentario, o visibilizar alguna carencia del servicio exterior.
Así lo manifestó Alberto Virella en declaraciones a los medios de comunicación tras mantener una reunión en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, a la que solamente asistieron los senadores del Grupo Popular.
Virella subrayó que les hubiera gustado la asistencia de otros grupos parlamentarios, “como muestra de interés por esta situación que afecta al servicio exterior español y al fin y al cabo a la defensa de los intereses de España y del servicio a los españoles en el exterior”.
El encuentro en el Senado es consecuencia de las quejas planteadas por la ADE en una misiva desvelada por el diario ‘Abc’, en la que reclamaban al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, tener en cuenta los criterios de “transparencia, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad” a la hora del nombramiento de embajadores.
A este respecto, el presidente de ADE comentó la sensación “de miedo” u otros términos similares entre los diplomáticos, que señaló que no solamente es su asociación sino Csif, que es el sindicato mayoritario en la Administración Pública y en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que en un comunicado reciente “lo manifestó de manera todavía más rotunda”.
“Hay indefensión, hay arbitrariedad, hay temor a que se tomen represalias sobre alguien que, si aparece visibilizando algún tipo de comentario, e incluso sin hacerlo, sufren medidas de castigo”, aseveró.
Tras alzar la voz por el cese o relevo adelantado de algunos diplomáticos en fechas recientes por decisión de Albares, Virella dijo que desde el Ministerio “ha habido respuestas positivas relativamente a nivel de subsecretaría, pero del ministro, pues no nos consta”.
En concreto, sobre las misivas remitidas a Albares desde el año pasado, señaló que “no hemos tenido respuesta del ministro a la carta que le hemos enviado, aunque sí a otras cartas que hemos escrito al subsecretario, que se ha reunido con nosotros en más de una ocasión y contesta, aunque sea de manera verbal a nuestros planteamientos, pero el ministro no”.
“Cualquier movimiento que sea una recuperación de la institucionalidad del rigor, de la profesionalidad como una pauta importante en una administración pública, será bienvenido”, apuntó.
RED CONSULAR
Virella explicó que ante los senadores también habían analizado la situación de la red consular de España, toda vez que en el año 2000 había 900.000 españoles residentes en el exterior registrados en los consulados, y ahora mismo hay tres millones, “y cuando se concluya la tramitación de las solicitudes de nacionalidad española en el marco de la Ley de Memoria Democrática, pues fácilmente llegaremos a 4 millones”.
Eso significa, detalló, que, por ejemplo, en Buenos Aires, “que es el mayor consulado general de España, pues tendrá aproximadamente 835.000 españoles, más que cualquier ciudad en España”, excluyendo Madrid y Barcelona.
“Ahora mismo, en estos momentos se tarda unos seis meses en que un solicitante de pasaporte en Argentina, español, pueda recibir su pasaporte, y las inscripciones de nacionalidad tardan otro tanto o más, un año”, aseguró.
En la misma línea, siguiendo con el caso argentino, “al momento de las elecciones el voto va a ser prácticamente imposible tener instalaciones y procedimientos para casi 800.000 personas solamente en Buenos Aires”.
EDUCACIÓN Y CONCILIACIÓN
Por otra parte, se quejó de “un grave problema de vulneración de derechos fundamentales en la educación de los hijos de los funcionarios españoles que han sido destinados para trabajar en la administración en el exterior”.
Además, señaló que, dentro de las familias, “hay una clara discriminación” a los cónyuges y parejas de los funcionarios en el exterior “y no estoy hablando solo de diplomáticos, es más grave todavía para los no diplomáticos, funcionarios que ocupan puestos de menor nivel retributivo”.
La Ley de Acción y Servicio Exterior de 2014, recordó, “tiene en el artículo 39 la obligación del Estado de facilitar que cuando haya plazas en una oficina de unidad administrativa de la Administración Española en el país donde se encuentra un cónyuge o pareja de un funcionario destinado allí, en igualdad de valor de capacidades demostradas por los candidatos, ese puesto sea para ese cónyuge o pareja”.
Asimismo, dijo que habían comentado a los senadores la necesidad de un reglamento de la carrera diplomática que establezca “cuáles son los plazos normales para que esté un embajador destinado en un país y que normalmente son cuatro años, no menos de tres, si no ha cometido que se sepa ninguna falta grave o infracción, y si la ha cometido, pues que se haga un expediente abierto y público”.
Ante todos estos asuntos, desde Exteriores, dijo, “hay una muy pobre interlocución y no solución de problemas que son graves, no solamente para nuestra organización y el personal de la misma, sino para que podamos cumplir nuestras funciones, y la principal de ellas es servir a los españoles en el exterior”.
No obstante, admitió que ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado explicó que “hay que diferenciar entre problemas estructurales que llevamos dos décadas y quizás nos quedemos cortos que se van agravando. Evidentemente en 2025 la precariedad y la degradación es peor que hace 15 años”.
“Y eso es responsabilidad compartida de los sucesivos Gobiernos y distintos ministerios, no solamente de Asuntos Exteriores, sino de Hacienda, que deben dotar a través de los presupuestos generales del Estado de medios y recursos”.
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