MADRID, 14 (SERVIMEDIA)
El PP ha registrado una proposición de ley en apoyo del sistema alimentario español “como sector estratégico esencial de la economía”, que incluye un paquete de ayudas y rebajas fiscales para los distintos sectores de la cadena.
La iniciativa, a la que ha tenido acceso Servimedia, reclama que el Gobierno habilite anualmente ayudas estatales destinadas a las explotaciones agrarias de sectores afectados gravemente en sus resultados económicos como consecuencia de elevados costes de producción o de caídas de precios.
Los populares plantean una reducción de los índices de rendimiento aplicables en la declaración de la renta para las actividades agrícolas y ganaderas y un “seguro de estabilización” de los ingresos en el marco del sistema de seguros agrarios combinados.
La proposición también defiende una reducción o eliminación del IVA de los alimentos, incluidos carne, pescado y conservas, de forma temporal para prevenir o acotar la subida de los precios finales de los alimentos.
El PP aboga por implantar un sistema de seguimiento integral de los mercados y de las condiciones de los intercambios comerciales, “que permita identificar las amenazas a las que los productores están sometidos, facilitar la adopción de las medidas correctoras oportunas y evaluar el impacto de los riesgos de la globalización”.
La proposición reclama que se hagan los oportunos controles sobre las producciones importadas, “para evitar el riesgo para la sostenibilidad de zonas de cultivo tradicionales, no solo por las favorables condiciones de acceso al mercado que hace más competitivas las producciones de países terceros, sino también por los problemas sanitarios que en ocasiones acompañan a las producciones importadas”.
Según la formación que dirige Alberto Núñez Feijóo, con esta batería de medidas busca “recuperar el valor estratégico y esencial del sistema agroalimentario español, para que no pueda verse amenazado por corrientes ideológicas, medidas adoptadas sin base científica rigurosa, o intereses que no responden a los legítimos intereses generales del país”.
“Cuestionar, como hace el Gobierno de Sánchez, la profesionalidad y excelencia de nuestro sector primario, de la calidad de los alimentos que producimos y la competitividad del sector no contribuye a la estabilidad y crecimiento del mismo”, indica la proposición.
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