MADRID, 19 (SERVIMEDIA)
El Partido Popular registró este lunes en el Senado un veto a la reforma del Código Penal, al apreciar que hay “un intento por liquidar el Estado de derecho” e implica “legislar en fraude de ley, reescribiendo las sentencias del Tribunal Supremo y a favor de que el Gobierno ocupe el Poder Judicial”.
Así justifica su propuesta de veto a la proposición de ley impulsada por el PSOE y Unidas Podemos que deroga el delito de sedición, modifica las penas de malversación y cambia la fórmula de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Todo ello a la espera del pronunciamiento del tribunal de garantías sobre su recurso de amparo.
Tras pedir el viernes a la Mesa del Senado la paralización de la tramitación de dicha reforma, el PP formuló dicho veto a la misma alegando que “desde la Transición son escasas las ocasiones que en nuestra vida democrática hemos tenido que enfrentamos como nación a ataques directos a nuestro orden constitucional”.
“Las veces que eso ha sucedido siempre ha prevalecido la justicia, la libertad y la seguridad que son los objetivos primordiales por los que los españoles en uso de su soberanía ratificaron la Constitución”, señala el PP en su escrito, además de indicar que “nunca el legislador debe basar una reforma legislativa encaminada a la supresión de un tipo penal en razones que exceden al interés público o que el ataque contra un bien jurídico protegido quede sin reproche” y hacerlo “solo por el interés particular de aquellos grupos políticos que promueven la reforma”.
Por ese motivo, el PP considera que “es necesario que se mantenga en nuestro ordenamiento jurídico, y concretamente en el Código Penal, el tipo penal del delito de sedición”. Para el partido de Alberto Núñez Feijóo, resulta “evidente que la reforma de la supresión del delito de sedición tiene como finalidad que los delincuentes condenados por este delito y parcialmente indultados, puedan participar en los próximos procesos electorales”.
Además, el PP pone el foco en “el fraude de Ley que supone la tramitación como proposición de ley y no como proyecto de ley” de dicha reforma. Además, critica que en la tramitación de la misma en el Congreso de los Diputados “se han admitido enmiendas de los grupos que apoyan al Gobierno, claramente inconstitucionales”.
“El texto introducido mediante enmienda en el Congreso se dirige a modificar el régimen de nombramientos de los magistrados del Tribunal Constitucional con el único objetivo de atender al interés del partido en el Gobierno”, reprueba el PP, a lo que une que “mediante una enmienda transaccional dan una nueva redacción al delito de malversación que supone un incomprensible paso atrás en la lucha contra la corrupción al volver al tipo previo a la reforma del Código Penal de 2015”.
“Legislar reescribiendo las sentencias del Supremo y a favor de que el Gobierno ocupe el Poder Judicial es una ofensa inadmisible al pueblo español y al Pacto de la Transición”, sostiene el PP en su veto a dicha proposición de ley que se debatirá y votará el jueves en el Senado en el caso de que el Tribunal Constitucional no atienda el recurso de amparo del PP que pide su paralización.
En opinión del principal partido de la oposición, “legislar en fraude de ley y contra los criterios de los letrados del Congreso de los Diputados que advirtieron de la antijuridicidad de las enmiendas 37, 53, 55, 56, 58, 59, 61, 62 y 82 presentadas e incorporadas al texto que se nos ha remitido al Senado es un disparate” y “un intento por liquidar el Estado de derecho que no admitiremos jamás y que serán la base de los recursos que ante el Constitucional presentará el Grupo Popular”.
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