MADRID, 01 (SERVIMEDIA)
El Partido Popular registró este martes en el Congreso su proposición de Ley Conciliación y Corresponsabilidad Familiar, y pidió a todos los partidos del arco parlamentario que muestren predisposición para “debatir” y acordar el contenido de un texto que “no es ideológico”. Al mismo tiempo, reclamó a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que no paralice su propuesta si es admitida a trámite porque su “congelador” ya está “a tope” de iniciativas bloqueadas.
Así se expresaron tanto el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, como la vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Políticas Sociales del principal partido de la oposición, Ana Alós. La aragonesa fue la responsable de liderar la redacción del texto y dirigirá también las conversaciones con los distintos grupos parlamentarios. Su pretensión es reunirse con todos, incluidos Junts y PNV.
“Es una ley que tiene vocación de consenso y diálogo para poder debatir y llegar a acuerdos, con el objetivo de que sea una realidad”. “Vamos a intentar que una ley que no es ideológica pueda tener el apoyo suficiente”, señaló antes de desgranar las principales medidas del texto, que, en 31 páginas, alberga 18 artículos, 11 disposiciones adicionales y 6 finales. Tellado, por su parte, animó a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, a darle una “segunda lectura” a la proposición tras criticar el texto desde la sala de prensa de La Moncloa apenas unos minutos después de ser registrados.
Una de las principales novedades es la incorporación de una disposición sobre desconexión digital, que recoge impulsar el “desarrollo de los aspectos que inciden en su ejercicio”, incluida la prevención de riesgos laborales y la difusión de buenas prácticas en formación y concienciación “acerca del respeto a los periodos de descanso y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral”.
También pide una mejora de las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social para las empresas que sustituyan a los trabajadores que se encuentren de baja por un permiso de paternidad o maternidad, “de forma que para la empresa no suponga un coste añadido”. Aunque no habla de ninguna cantidad.
GUARDERÍAS GRATUITAS Y PERMISOS
Sobre los permisos, la ley pone en negro sobre blanco uno de los anuncios del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de estas últimas semanas: la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad hasta alcanzar las 20 semanas “con carácter general”. El texto afirma que este incremento será “progresivo”, sin detallar ningún plazo concreto.
También se recoge la eliminación del periodo forzoso de disfrute de las seis semanas inmediatamente después del parto, de tal modo que no se obligará a los padres a disfrutar simultáneamente de estas primeras seis semanas, cuyo disfrute será intransferible y obligatorio. La finalidad es “favorecer la corresponsabilidad y dar libertad de elección a los progenitores para prolongar los cuidados del menor”.
La proposición del PP recoge también incentivos fiscales a las empresas que favorezcan la reincorporación de los trabajadores que se hayan cogido excedencias para el cuidado de sus hijos, y mejoras en el tratamiento fiscal y en el reconocimiento de las familias numerosas o con personas con discapacidad.
Asimismo, la ley da un mandato al Gobierno para que, en el periodo de seis meses, apruebe un plan para extender la gratuidad de la educación de 0 a 3 años en toda España. Esta medida será cofinanciada al 50% entre Estado y comunidades, y dicha ampliación será “progresiva, adaptándose a los modelos implantados en cada territorio y pudiendo establecerse ayudas directas a las familias que opten por no escolarizar a sus hijos en esa franja de edad”.
Por último, da otro lapso de seis meses al Gobierno para aprobar un Plan Nacional de Conciliación y Corresponsabilidad Familiar para desarrollar las medidas de esta ley. En ese plan, el Ejecutivo debe fomentar el uso de instalaciones educativas y deportivas como recursos de apoyo a la conciliación, así como la apertura de los comedores escolares en periodos no lectivos del calendario escolar con esta finalidad.
FLEXIBILIDAD LABORAL
En el apartado de flexibilidad laboral, no recoge ningún planteamiento cerrado sobre la semana laboral de cuatro días o la reducción de la jornada a 37,5 horas. No obstante, sí señala que “los poderes públicos impulsarán que las empresas adopten medidas de racionalización de sus horarios laborales, flexibilización de las condiciones de trabajo, creación de bancos de horas, semanas laborales flexibles y demás medidas de conciliación y corresponsabilidad, en los términos que legal y reglamentariamente se establezcan”.
En este sentido, el texto señala que “las empresas deberán favorecer la implementación de un horario flexible, que permita a los empleados organizar el inicio y final de su jornada laboral, siempre y cuando se respete una franja horaria limitada de presencia obligatoria que responda a las necesidades productivas de la empresa”.
Ello significa incluir “la posibilidad de ajustar la jornada laboral diaria o semanal a través de opciones como, la distribución flexible del tiempo de trabajo a lo largo del día o la semana, la elección del horario de inicio y finalización dentro de unos márgenes acordados o la posibilidad de trabajar de manera presencial o telemática, en aquellos casos donde el puesto de trabajo lo permita”. No obstante, siempre deberá contar con el acuerdo entre compañía y trabajador y sin implicar “una disminución de las horas de trabajo ni del salario”.
La proposición de ley recoge también que, en el marco del diálogo social, “se regulará el derecho de los trabajadores a acogerse a un sistema de banco de horas como herramienta de flexibilidad laboral”. Esta medida se podrá utilizar para ampliar el tiempo de vacaciones, tomar días libres adicionales o reducir la jornada laboral “en determinados momentos” sin afectar al sueldo.
Por último, la ley recoge que las empresas de más de 50 trabajadores deberán contar en su departamento de recursos humanos “con un responsable en materia de conciliación y corresponsabilidad”. Y establece la creación del Premio Nacional de Conciliación y Corresponsabilidad, así como una serie de medidas para mejorar la valoración de las empresas en las adjudicaciones públicas cuando acuerden con sus trabajadores actuaciones “específicas que otorguen un mayor apoyo a la conciliación que las medidas previstas en la normativa laboral”.
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