MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
El Partido Popular ha registrado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para rectificar por la vía de urgencia el error técnico de la Ley de Paridad que permite despedir a trabajadores que se acojan a permisos de cuidados.
La oposición opta así por un camino distinto al elegido por el Gobierno, según avanzó el diario ‘El Mundo’ y confirmó Servimedia. La intención del PSOE es subsanar este fallo a través de una enmienda en la ley de medidas de eficiencia de la Justicia, que aún se encuentra en una fase inicial de su tramitación parlamentaria.
La nueva Ley de Paridad eliminó por equivocación del Estatuto de los Trabajadores la reducción o adaptación de jornada por conciliación como motivo de nulidad de un despido. Es decir, en sus términos actuales, desprotege a todos los trabajadores que se acojan al nuevo permiso de cinco días por cuidado de un familiar tras un accidente, enfermedad grave u hospitalización o a una adaptación de jornada.
La norma entró en vigor hace dos semanas y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se comprometió a corregirla en la primera oportunidad que tuviera en nuevo curso parlamentario. Al final, ha optado por hacerlo con una enmienda a la ley de medidas de eficiencia de la Justicia, una vía que el PP rechaza por su inseguridad jurídica.
La oposición, de hecho, ha sido muy crítica con la práctica habitual del Gobierno de incluir enmiendas en proyectos de ley que no tienen relación ninguna. La última vez que ocurrió fue justamente con la Ley de Paridad antes del verano. El PSOE presentó en el Congreso una enmienda para privar al Senado de la facultad que tiene hasta ahora de vetar el techo de gasto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Y los letrados de la Cámara Alta cuestionaron la constitucionalidad de este movimiento por no respetar el principio de congruencia.
Ante la posibilidad de que el Tribunal Constitucional declare la inadmisibilidad de la esta nueva enmienda del PSOE, el PP defiende reformar directamente la Ley de Paridad a través del procedimiento de urgencia, lo que aligeraría los plazos y “solucionar la grave desprotección e inseguridad jurídica” provocada a los trabajadores en menos de dos meses.
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