MADRID, 23 (SERVIMEDIA)
Tras muchos meses recopilando estudios demoscópicos, el Partido Popular ha iniciado el curso político con una nueva ofensiva parlamentaria encaminada a disputar al Gobierno los asuntos sociales. Génova ha tratado de identificar las principales preocupaciones de los españoles para establecer las prioridades de su agenda política y, tras detectar que una parte “transversal” de la sociedad aflige las dificultades para conciliar o acceder a una vivienda, buscará el apoyo de PNV y Junts para impulsar su alternativa de gobierno en el Congreso.
El PP concluía su primer asalto político contra la amnistía antes del parón estival, mientras el cuartel general de Génova ya tenía ultimados sus trabajos sociológicos para articular su nueva estrategia. Encargos de encuestas a distintas empresas demoscópicas, herramientas de escucha activa en redes sociales y reuniones de ‘focus group’.
Los resultados que maneja Génova indican que, al margen de la ideología y la clase social, existe una “frustración colectiva” por el desafío que supone comprarse una vivienda o conciliar y pasar tiempo de calidad con su familia. Y señalan que el problema de la inmigración –elegido entre los tres primeros por el 30,4% de los españoles en el último barómetro CIS– se convierte en “un tema de conversación espontáneo” en la izquierda.
Con estos datos, el PP empezó a levantar su alternativa e inicia ahora una intensa ronda de contactos con todos los agentes involucrados para armar sus propuestas legislativas. El objetivo es “convencer” con “gestión” al votante socialdemócrata frente a un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que creen que ha fiado su estrategia a “movilizar con el miedo a la ultraderecha” y a denunciar la “deshumanización” que sufre por el caso judicial abierto a su esposa, Begoña Gómez.
LEGISLAR CON PNV Y JUNTS
“Lleva más de seis años gobernando y comprarse un piso es cada vez más y más difícil. La frustración es tal, que ya hablamos de resignación”, señala un portavoz del PP a Servimedia. “¿Qué ha aprobado en lo que va de legislatura? ¿La amnistía? ¿Sabrías decirme alguna otra ley?”, añade para tratar de ilustrar la parálisis de la acción política de Sánchez.
Para evidenciar la situación de bloqueo de la legislatura y “soledad” del Gobierno socialista, el PP incidirá en buscar el apoyo en el Congreso de Junts y PNV, partidos que son ideológicamente de derechas y con los que ya asestó varias derrotas parlamentarias al PSOE en el primer semestre del año.
La diferencia es que ahora el PP quiere legislar –aunque el Gobierno siempre puede congelar sus iniciativas en la Mesa del Congreso– en vez de dar a Sánchez mandatos expresos que luego puede incumplir. El último ejemplo es el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela.
CONCILIACIÓN
El primer eje de la ofensiva del PP será la conciliación y la oposición aspira a un apoyo mayoritario de la Cámara. “Debería [apoyarla] el PSOE y debería [apoyarla] Sumar porque se dicen abanderados de igualdad”, afirmó la vicesecretaria de Conciliación, Igualdad y Políticas Sociales del PP, Ana Alós, en una entrevista en Servimedia.
La idea es presentar la ley en el mes de septiembre, una vez se cierren los últimos flecos del texto. La semana pasada, el Comité de Dirección del PP, el órgano de gestión y coordinación de las tareas ordinarias del partido, dedicó “tres horas” de su reunión semanal a darle un empujón final al texto, según uno de sus integrantes. Entre otras cosas, contemplará la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años y una mejora de los permisos de maternidad y paternidad.
Alós entró en la dirección nacional del PP el pasado mes de noviembre, cuando el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le encomendó ya como una “prioridad” la tarea de sacar adelante una ley de conciliación. Lo mismo hizo con Paloma Martín, exconsejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso, a quien colocó al frente de la Vicesecretaría de Desarrollo Sostenible.
VIVIENDA
Tras reunirse con más de 30 asociaciones y entidades, además de comunidades autónomas y ayuntamientos, Martín tiene ultimada la ley de desarrollo urbano y vivienda que el PP registrará en el Senado en las próximas semanas. Y será la alternativa a la Ley del Suelo que el PSOE presentó con el PNV –aunque ha retirado su firma de la proposición– tras el fracaso del proyecto de ley del Gobierno en mayo.
La batería de medidas del PP busca habilitar más oferta de vivienda para atender la alta demanda y relajar los precios de los inmuebles, que se sitúan en máximos históricos. Pero, en paralelo a esta ley, la ofensiva del PP apunta también a la fiscalidad, con la promesa de Feijóo de eliminar los impuestos de Sucesiones y Donaciones.
Los populares buscan así persuadir a los votantes socialistas que no son de “cuna”, es decir, que se sitúan ligeramente a la izquierda del PP y que, aunque han votado a Pedro Sánchez, confiaron también en su día a José María Aznar o a Mariano Rajoy. El PP los identifica como personas de clase media que, con la ayuda de sus padres, podrían acceder a una vivienda. La eliminación de estos tributos permitiría que ese espaldarazo fuera mayor.
INMIGRACIÓN
Los estudios demoscópicos encargados por el PP apuntan también que la inmigración ilegal es ya una preocupación “transversal”, así como la criminalidad en territorios como Cataluña. La crisis migratoria ha sido uno de los principales focos de los populares en el arranque del curso político. El pasado 10 de septiembre, Feijóo viajó a Canarias para levantar un frente común con el presidente insular, Fernando Clavijo, y ambos remitieron una propuesta conjunta al Gobierno para cerrar un pacto migratorio.
Además, ha iniciado una gira por Europa para defender la necesidad de cerrar una “alianza europea” entre los países del sur frente a la inmigración ilegal. Así lo defendió tras entrevistarse con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y previamente con el jefe del Gobierno griego, Kyriakos Mitsotakis.
La inmigración fue el motivo de la ruptura de PP y Vox en seis comunidades autónomas. Ahora, dos meses después de que los de Santiago Abascal decidieran poner punto y final a sus gobiernos con el PP, en Génova aseguran que manejan mejores encuestas que entonces.
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