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El Partido Popular lleva a la Unión Europea los planes del Gobierno para que los fiscales instruyan y se limite la acción popular

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MADRID, 14 (SERVIMEDIA)

El PP ha trasladado a la Unión Europea (UE) su inquietud por los planes del Gobierno y del PSOE de ceder a los fiscales la instrucción de las causas penales y limitar la capacidad de actuación de las acciones populares.

La queja de los populares figura en una pregunta por escrito que la vicepresidenta del Partido Europeo y portavoz del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, ha trasladado a la Comisión Europea (CE).

Según informó el PP, en su pregunta, Montserrat expresa su preocupación por la reforma anunciada hace unas semanas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que afectaría al control de causas penales y limitaría las acusaciones populares.

La eurodiputada sostiene que se trata de “una nueva maquinación del Gobierno de Pedro Sánchez para intentar zafarse de los escándalos que le rodean”, mediante la limitación de la acusación popular y la “manipulación” de competencias judiciales para que la Fiscalía decida sobre archivos de causas penales.

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Montserrat destaca en su escrito la advertencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la necesidad “imperativa” de revisar el funcionamiento de la Fiscalía antes de otorgarle la instrucción de causas penales, ya que es necesario garantizar su independencia.

INDEPENDENCIA CUESTIONADA

La portavoz del PP subraya que la independencia de la Fiscalía “no está asegurada” y pone como ejemplo la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos con objetivos políticos.

Al mismo tiempo, la dirigente popular defiende que la acusación particular es “un principio constitucional” que permite la participación ciudadana en procedimientos judiciales y promueve la transparencia, acusando al Gobierno de querer modificarlo “para promover la impunidad de su entorno”.

Montserrat advierte de que el PP no permitirá reformas que “podrían comprometer la imparcialidad de las investigaciones”, exponiendo estas a presiones externas y afectando a la igualdad ante la ley de los ciudadanos.


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