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El Partido Popular considera un “escándalo mayúsculo” que el juez solicite a la UCO recuperar los mensajes borrados de García Ortiz

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MADRID, 07 (SERVIMEDIA)

El Partido Popular considera que es un “escándalo mayúsculo” para la “democracia” que el juez pida a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que recupere los mensajes borrados por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en los días en los que se filtraron los datos fiscales de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El portavoz nacional y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, expresó este martes su sorpresa ante este nuevo paso del juez, que también ha pedido la colaboración de Movistar y Vodafone, las operadoras de las dos líneas telefónicas del fiscal. Y, en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP, deploró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, despidiera el año “exigiendo disculpas” para García Ortiz.

“Es un verdadero escándalo que la Guardia Civil vaya a investigar al fiscal general del Estado presuntamente por obstruir a la Justicia”, dijo. “Cuando un juez cree que, nada más y nada menos, un fiscal general del Estado ha podido destruir pruebas, nadie debería de mirar hacia otro lado. Es un escándalo mayúsculo para nuestra democracia”, señaló.

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Sémper resaltó la gravedad que supone que aquel que tiene “la responsabilidad de perseguir los delitos esté siendo investigado por la comisión de uno, además de obstruir también en la investigación de la Justicia sobre ese supuesto delito”.

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado dictó un auto en el que requiere a la UCO que informe sobre la posibilidad de recuperar el contenido vinculado a las aplicaciones de mensajería instantánea que pudieran haber existido asociadas a dos números de abonados de telefonía móvil vinculados a García Ortiz.

La decisión del juez se produce después de que la propia UCO hallase “cero mensajes” en el terminal de García Ortiz en las fechas clave de la presunta filtración de los datos fiscales de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid y acreditase que el fiscal general reemplazó su teléfono móvil una semana después de ser imputado por el Tribunal Supremo.


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