MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
El exvicepresidente del Gobierno y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Rodrigo Rato se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid a partir del próximo 15 de diciembre, para enfrentarse al juicio en el que se pretende dilucidar si el origen de su fortuna es ilícito. El inicio de la vista, que en un principio estaba prevista para el día 12, se ha retrasado tres días.
Entre los días 15 y el 20 de diciembre se ventilarán las llamadas cuestiones previas que pueden plantear las partes antes del comienzo del juicio en sí mismo. Será a partir del 8 de enero de 2024 cuando comiencen las declaraciones de los testigos que, según el calendario previsto por el tribunal se podrían alargar hasta el 16 de febrero.
La testifical pericial se practicará entre el 20 de febrero y el 22 de marzo si fuera necesario. Y las declaraciones de los acusados se desarrollará en varias sesiones entre el 2 y el 26 de abril, por tanto no será hasta la primavera cuando Rato responda ante el tribunal.
Finalmente, la prueba documental, las conclusiones, la presentación de los informes finales por todas las partes y el trámite de derecho de última palabra se celebrará entre el 7 y el 24 de mayo, en que está previsto que el juicio quede visto para sentencia.
Este es el tercer juicio al que se enfrenta Rato tras los relativos al uso de las ‘tarjetas black’ y a la salida a Bolsa de Bankia. En esta causa se sientan en el banquillo 16 investigados, además del exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar por los delitos de blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y 11 delitos fiscales, presuntamente perpetrados entre 2005 y 2015.
Entre los acusados se encuentran el ex secretario general de Telefónica Ramiro Sánchez de Lerín, su excuñado Santiago Alarcó, el exconsejero de Bankia José Manuel Fernández Norniella o la que fuera su secretaria personal, Teresa Arellano.
La Fiscalía considera que Rato no ha podido justificar debidamente el origen de 15,6 millones de euros en ese periodo, además entiende que fue fraudulenta la adjudicación de campañas publicitarias de Bankia a las agencias Zenith y Publicis de las que podría haber cobrados comisiones y, en definitiva, que el principal acusado en este juicio habría defraudado 7,4 millones de euros al erario público.
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