MADRID, 14 (SERVIMEDIA)
El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha propuesto juzgar al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Ángel María Villar por la obtención de una serie de contratos entre 2007 y 2017 que habrían causado un perjuicio a la entidad de 4,5 millones de euros. Entre ellos, la celebración de varios amistosos de la selección con los que habría beneficiado económicamente a su hijo Gorka.
En el auto de pase a procedimiento abreviado de esta pieza principal del denominado ‘caso Soule’, el juez propone juzgar a Villar por delitos continuados de administración desleal, corrupción en los negocios, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. Junto a Villar, considera que deben ir a juicio otras siete personas físicas y una jurídica, entre ellas el que fuera vicepresidente de la RFEF Juan Padrón y el hijo de Villar Gorka Villar Bollaín.
En su relato de hechos, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 explica que entre los años 2007 y 2017 los investigados Ángel María Villar y Juan Antonio Padrón se habrían aprovechado de los cargos que ocupaban como presidente y vicepresidente para beneficiar a personas físicas y jurídicas de su entorno.
Su actuación se habría llevado cabo mediante la obtención de contratos a su favor con condiciones económicas perjudiciales para la RFEF y también mediante el pago con cargo a la entidad de retribuciones que, o bien no se correspondían con ninguna prestación de servicios o no se prestaron en las condiciones en las que se había acordado. Todo ello, precisa, habría supuesto un perjuicio a la Federación de 4.514.441,72 euros.
En concreto, relata el auto, al menos desde 2009 Villar, en connivencia con su hijo Gorka, habría impuesto algunas de las selecciones rivales del equipo de España para disputar partidos amistosos. Lo habrían hecho con perjuicio de la Federación y con el fin de beneficiar a Gorka Villar a través de la empresa Sport Advisers SL, mediante la obtención de contratos de las federaciones que resultaban beneficiadas en esos encuentros.
Con esta actuación, según el magistrado, la entidad federativa habría sufrido un perjuicio de, al menos, 3.830.000 euros y Gorka Villar habría obtenido unos ingresos, como mínimo, de 366.583,08 euros. Gorka Villar elegía los rivales de la selección y las condiciones económicas de los encuentros pese a no tener relación laboral con la RFEF
SIN CONTROLES
Villar habría llevado a cabo esta actuación, explica el instructor, eludiendo el control y la intervención de todos los órganos competentes de la RFEF y atribuyendo a su hijo tanto la elección de los equipos rivales como la negociación de las condiciones de celebración de los partidos, a pesar de carecer de relación laboral, contractual o poder de representación. “Ello habría permitido a Gorka Villar Bollaín negociar y acordar no solo los rivales, sino también los términos económicos de la celebración de los partidos en función de su conveniencia y de la sociedad Sport Advisers SL, no obstante conocer que resultaban perjudiciales para la RFEF”.
En ejecución de lo convenido, indica el juez, se habrían celebrado partidos amistosos con, al menos, las selecciones de Corea del Sur en dos ocasiones, otras dos con Chile, así como con Venezuela, Perú y Colombia. Los dos partidos con Corea habrían supuesto, según el auto, un perjuicio a la RFEF de 630.000 euros, mientras que por los dos con Chile se habrían dejado de ingresar, al menos, 3,2 millones.
Según la operativa detallada en el auto, Gorka Villar habría firmado contratos de prestación de servicios de asesoramiento legal con federaciones extranjeras de fútbol con el compromiso de la disputa de partidos amistosos entre las selecciones de ambos países con un precio menor del que podría haber obtenido la RFEF, perjudicando así los intereses de esta.
El escrito detalla otra serie de supuestas irregularidades cometidas por los investigados, como el pago a personas de la confianza de Villar por servicios no prestados o la simulación de la jubilación de la secretaría de éste con el fin de evitar que perdiera unos derechos económicos establecidos en una normativa interna de la entidad, una actuación que le supuso a la Federación un pago de 235.443,04 euros.
De Jorge ha dictado otros tres autos de pase a procedimiento abreviado en los que finaliza la instrucción de las piezas separadas relativas a las Federaciones Tinerfeña, Cántabra e Interinsular de la Palmas y propone juzgar a un total de once personas físicas y una jurídica.
En las tres piezas restantes de esta causa, relativas a la Federación Catalana y a las Delegaciones Territoriales Andaluza y Balear de la Mupresfe, el instructor de la Audiencia Nacional acuerda la citación de cinco personas para que declaren como investigadas.
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