MADRID, 11 (SERVIMEDIA)
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado la apertura de juicio oral para 17 investigados en la pieza separada del ‘caso 3 por ciento’ denominada ‘Infraestructures’, en la que se ha investigado una presunta organización criminal que tenía por objeto orquestar un supuesto direccionamiento de contratos públicos cuya entidad adjudicadora era la empresa pública Gestió D’Infraestructures o Infraestructures de la Generalitat de Cataluña.
El auto de apertura de juicio oral designa como órgano competente para el enjuiciamiento de esta pieza a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y da un plazo de tres meses a las defensas para presentar su escrito de conformidad o disconformidad con el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción.
La resolución recoge el escrito de acusación del Ministerio Público en el que se acusa a los investigados de delitos de organización criminal, fraude a las Administraciones Públicas, así como delito continuado de prevaricación.
En este procedimiento se ha investigado un cartel colusorio, denominado ‘Nuria Bofill’, que ha pretendido y conseguido repartirse y fijar los precios, de forma indirecta, en las licitaciones públicas de ciertos organismos públicos de Cataluña, mediante el establecimiento o concierto de precios idénticos o muy similares con el objetivo de anular la competencia de los no integrantes del pacto, tal y como sostenía el auto de pase a procedimiento abreviado dictado por el juez José de la Mata en julio de 2020.
El concierto llevado a cabo por estas mercantiles para pactar el precio de las licitaciones habría conllevado la alteración de las cuantías desembolsadas por la Administración Pública por los proyectos de obra pública ofertados en los que las referidas empresas se presentaban, con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas, según De la Mata.
Los integrantes de este pacto colusorio, indicaba el anterior instructor de la causa, llegaron a pactar las normas o directrices a seguir cuando optasen a licitaciones de ciertas Administraciones, con el objetivo de evitar la libre competencia y así obtener un contrato más beneficioso que aquél que habrían obtenido en condiciones de igualdad, es decir, si cada mercantil hubiese preparado su oferta de forma totalmente independiente.
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