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El juez García Castellón solicita a la OTAN los registros de tráfico aéreo relacionados con Tsunami Democràtic

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MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

El juez Manuel García Castellón ha ordenado nuevas diligencias en la causa ‘Tsunami Democràtic’ dentro de la que está imputado el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por terrorismo. Así, el magistrado ha pedido a la OTAN las “incidencias” del tráfico aéreo ocasionadas por las protestas y ha ofrecido a la esposa del hombre que murió por un infarto en aeropuerto de El Prat que comparezca para declarar como testigo.

El juez quiere determinar si la muerte del ciudadano francés en una terminal del aeropuerto estuvo relacionada con el bloqueo del aeródromo por las protestas, y ofrece a la viuda ejercer como acusación del caso y declarar como testigo para “conocer de primera mano qué sucedió”.

En caso de que esa muerte se pudiera vincular a las protestas y si la causa se continuara por delito de terrorismo, quedaría en el aire la posibilidad de indulto a Puigdemont, puesto que la ley presentada en el Parlamento excluye expresamente los delitos que tuvieran que ver con acciones que ocasionaran víctimas mortales.

El hombre que falleció en El Prat sufrió un infarto en la terminal 2, cuando la terminal 1 se encontraba bloqueado. El hombre tenía una enfermedad cardíaca previa y fue trasladado en helicóptero al hospital. Los informes de los servicios de emergencias que lo atendieron no avalan esa tesis, que tampoco fue contemplada por la primera juez que investigó el asunto.

En un auto, García Castellón pide una serie de diligencias sobre el bloqueo del aeropuerto de Barcelona el 14 de octubre de 2019. Y lo hace pese a haber elevado exposición razonada al Tribunal Supremo (TS) para que se haga cargo de la investigación, al versar sobre un aforado en el Parlamento europeo porque, a su juicio, mientras no haya respuesta puede seguir investigando.

Tras cuatro años desde el inicio de la investigación, las pesquisas se han intensificado durante el último mes con el objetivo de avalar la tesis de que las protestas de Tsunami constituyeron un delito de terrorismo y no de desórdenes públicos, tal y como sostiene la Fiscalía.


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