MADRID, 30 (SERVIMEDIA)
El Consejo de Ministros aprobó este martes un acuerdo por el que se insta al Consejo de Estado a que emita con “carácter urgente” su dictamen sobre la ley que protegerá a los denunciantes de la corrupción.
El Gobierno informó de que se emplaza a la Comisión Permanente del Consejo de Estado a pronunciarse “no más tarde del 8 de septiembre de 2022” sobre el anteproyecto de ley que transpone la normativa europea sobre denunciantes de la corrupción, los conocidos en inglés como ‘whistleblowers’.
Se trata, en concreto, de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y de la Directiva del Consejo Europeo del 23 de octubre de 2019.
En la Directiva del Parlamento Europeo se explica que quienes en organizaciones públicas o privadas tienen conocimiento de prácticas corruptas desempeñan “un papel clave a la hora de descubrir y prevenir esas infracciones y de proteger el bienestar de la sociedad”.
“CANALES DE DENUNCIA INTERNA”
Sin embargo, la Eurocámara apunta que “los denunciantes potenciales suelen renunciar a informar sobre sus preocupaciones o sospechas por temor a represalias”, por lo que es necesario dar a estas personas una “protección equilibrada y efectiva”.
Se destaca que esta normativa sobre los denunciantes de corrupción se encuentra “fragmentada” en los distintos países de la UE y “es desigual en los distintos ámbitos”. Por ello, deben aplicarse “normas mínimas comunes que garanticen una protección efectiva” a los denunciantes.
Entre las medidas concretas planteadas, el Parlamento Europeo cita que las instituciones públicas y las empresas tengan “canales de denuncia interna” para dar a conocer, de forma segura, eventuales irregularidades. También se aboga por una “definición amplia de represalia” para que sea más fácil concretar si se está castigando a alguien que ha denunciado un caso de corrupción.
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