MADRID, 02 (SERVIMEDIA)
El Gobierno central transferirá cerca de 200 millones de euros a las comunidades autónomas para la “protección” de las familias y la “lucha” contra la pobreza infantil, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez considera “un tema clave de país”.
Así lo anunció este martes el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en un comunicado emitido tras la reunión del Consejo de Ministros en la que se aprobó el acuerdo por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre comunidades autónomas del crédito para la financiación en 2024 del programa de Protección a las Familias y la Atención a la Pobreza Infantil, una línea de crédito que gestiona el gabinete de Pablo Bustinduy a través de la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales.
Este año, tras la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, este crédito tendrá un importe cercano a los 200 millones de euros, en concreto de 198.704.000 euros, y será distribuido y transferido a las comunidades autónomas, a excepción de País Vasco y Navarra, y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para que puedan ejecutarlo en virtud de sus competencias en servicios sociales.
El ministerio dirigido por Pablo Bustinduy acordó con los gobiernos autonómicos el reparto de estos casi 200 millones de euros y ha “reafirmado” su “compromiso” de “seguir aumentando” la dotación presupuestaria para esta área “en los años sucesivos”.
“Nuestra hoja de ruta es retomar el incremento en la financiación que inició el Gobierno de coalición en este ámbito”, explicó Bustinduy, al tiempo que subrayó que esta cifra que se ha prorrogado es “la más alta que se ha dado en esta área”, si bien juzgó “necesario” continuar “aumentando” esta dotación presupuestaria “para hacer frente a los retos que tiene nuestro país en la protección de las familias y de los niños y niñas”.
TRES PROGRAMAS
De este crédito dependen tres programas que el departamento de Bustinduy ve “fundamentales para las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales que gestionan los gobiernos autonómicos”.
El primero está dotado con más de 108 millones de euros y financia proyectos de servicios sociales para desarrollar prestaciones básicas a nivel municipal como las de ayuda a domicilio, las de alojamiento alternativo, o las de prevención e inserción social.
El segundo programa cuenta con una financiación de 65 millones de euros y se centra en la protección a la familia y atención a la pobreza infantil, “específicamente” a unidades familiares con menores a cargo que estén en situación de “privación material severa o riesgo de pobreza y exclusión social”.
El programa incluye una línea para cofinanciar proyectos de alimentación, ocio y cultura y para garantizar la conciliación familiar durante las vacaciones escolares. De esta manera, se “reforzarán” iniciativas desarrolladas por comunidades autónomas y ayuntamientos.
El tercer programa, dotado con 25 millones de euros, se destina a “reforzar” equipos de atención primaria de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia.
“Se trata de cofinanciar proyectos de refuerzo de servicios sociales que permitan la prevención y detección precoz de posibles riesgos de violencia hacia la infancia, en coherencia con lo previsto en la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia aprobada en 2021”, puntualizó el ministerio.
INFRAFINANCIACIÓN HISTÓRICA
Por otro lado, Derechos Sociales establece que el reparto territorial de los fondos se realice atendiendo a “diversos” criterios desglosados en el acuerdo, como la población de cada territorio, su superficie o la tasa Arope, que mide el riesgo de pobreza o exclusión.
Este año, con la prórroga de los presupuestos, la distribución territorial que se ha propuesto es “idéntica” a la de 2023 y, a este respecto, Bustinduy resaltó que el objetivo de incremento presupuestario “trata de corregir” la “infrafinanciación histórica” que, a su juicio, “ha tenido este sistema” y que, denunció, “se vio agravada en la década pasada con los recortes”.
En paralelo, el ministro hizo hincapié en el “necesario compromiso” por parte de los gobiernos autonómicos de “mantener” su inversión en Servicios Sociales y reclamó a todas las administraciones y partidos la articulación de “una política de Estado que construya amplios consensos para blindar los recursos y evitar nuevos recortes”.
El acuerdo autorizado en el Consejo de Ministros fue previamente abordado por el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en su reunión del 17 de junio y, una vez aprobado por el Gobierno de España, volverá al Consejo Territorial para que sea aprobado de manera definitiva y pueda resultar efectivo.