MADRID, 04 (SERVIMEDIA)
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, defendió este martes que la delegación de las competencias de inmigración a Cataluña se contempla en la Constitución y abrió la puerta a que otras comunidades lo soliciten, ya que dijo que el Ejecutivo lo “estudiará con total detenimiento y total rigor”.
Saiz destacó de manera rotunda que “no hay cesión” a Cataluña, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrada este martes en La Moncloa, sobre la delegación de competencias migratorias a Cataluña. Estas palabras se produjeron apenas unos minutos después de la rueda de prensa en la que el líder de Junts, Carles Puigdemont, subrayó que se trata de un traspaso “integral” porque la inmigración es “una competencia que normalmente ejercen “los estados” y remarcó que “no hay nación sin integración”. Fuentes del entorno de la ministra evitaron valorar estas declaraciones del expresidente de la Generalitat, pero reconocieron que se trata de una “delegación de funciones integral porque participarán en todas las fases de la política migratoria”.
Saiz mantuvo en varias ocasiones que el acuerdo alcanzado entre PSOE y Junts no constituye una “cesión”, sino de una “delegación” que se articula a través del artículo 150.2 de la Constitución. Es, por tanto, reversible y, además, la titularidad de la competencia sigue siendo del Estado. Lo que sí podrá la Generalitat, admite el Ejecutivo, es proponer y ejecutar expulsiones.
La ministra solicitó solicitó en varias ocasiones ser “exquisitos” y “cuidadosos” con el lenguaje. “Estamos hablando de una delegación de competencias que se contempla en el artículo 150.2 de la Constitución española. Es una proposición de ley orgánica, de delegación de competencias en materia de inmigración, que nace de la Constitución y que se aplica con la Constitución española en la mano”, afirmó.
El Gobierno, aclaró Saiz, no se desprende por tanto de su competencia exclusiva, la que también recoge el artículo 149 de la Constitución, sino que la delega a Cataluña, y además se abre a atender la petición de otras comunidades.
ABRE LA PUERTA A OTRAS CCAA
Asi, y ante la pregunta sobre qué pasaría si otras comunidades autónomas piden al Gobierno esta competencia, Saiz se excusó asegurando que “otras comunidades no tienen esa realidad concreta que tiene Cataluña y no han manifestado ninguna voluntad de asumirlas”. Sin embargo, “si llega el caso que alguna comunidad muestra un interés y da un paso hacia delante en ese sentido, por supuesto, se estudiará como con total detenimiento y con total rigor”.
La ministra explicó que lo que caracteriza a Cataluña para delegarle esta competencia es que “tradicionalmente ha tenido una presencia muy importante de flujos de personas extranjeras.De hecho, el 18% de su población tiene nacionalidad extranjera y un 25,1% tienen origen extranjero”, señaló en base a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), según aclaró posteriormente.
Saiz añadió que “además, existe una voluntad política y una voluntad de la sociedad catalana desde hace muchos años” para remontarse a 1992 y señalar que “ya tenían una voluntad de asumir una gestión en materia migratoria con la creación de esa departamento en materia migratoria”.
PODEMOS VOTARÁ EN CONTRA
La proposición de ley orgánica de PSOE y Junts, que ahora tendrá que iniciar su andadura parlamentaria ya cuenta con el rechazo de Podemos. Su portavoz en la Cámara Baja, Ione Belarra, anticipó una hora antes de la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que no cuenten con el voto de Podemos.
Fuentes gubernamentales evitaron pronunciarse al respecto señalando que “todavía es demasiado pronto” e invitaron a la formación a leerse el texto registrado este martes por la mañana para que “puedan introducir sus propuestas”.
El texto registrado señala, en su artículo 9, que se delega en Cataluña las “facultades de control de frontera relativas a la ejecución de la normativa del Estado en materia de devolución de personas extranjeras” y a tal efecto los Mossos d’Esquadra, “como policía integral, actuarán en los puestos habilitados para el acceso” de inmigrantes “en puertos y aeropuertos, en colaboración con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.
Según Saiz, “no se cede el control de fronteras”. Los agentes de la policía catalana, siguió, “estarán y actuarán en fronteras en el marco de aplicación de las competencias de esta ley en colaboración y en coordinación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, tal y como publicó días atrás Servimedia. Es decir, los Mossos no estarán solos en frontera, como exigían desde Junts, sino que tendrán que trabajar codo con codo con policías nacionales y guardias civiles y el Ministerio del Interior tendrá la última palabra.
EXPULSIÓN DE INMIGRANTES
Sobre las expulsiones de inmigrantes, una cuestión especialmente sensible y en la que había insistido mucho Junts, la ministra diferenció entre dos tipos. Por un lado, los procedimientos de devolución “en los que no es necesario un expediente”, y en los que la Generalitat, “basándose en la normativa de Extranjería”, podrá ejecutar esas expulsiones.
Se trata de las personas que tengan prohibida la entrada en España. Pero en los supuestos en los que se requiera un expediente, la Generalitat “podrá proponer”, afirmó. Lo que dice el artículo 6 de la iniciativa es que en estos casos en los que se necesita expediente, se delega en Cataluña la ejecución de la normativa del Estado “en materia de incoación, instrucción y propuesta de resolución”, pero en última instancia se “valorarán los criterios orientativos que se establezcan en la Junta de Seguridad” de Cataluña, que presidente el jefe del Govern, ahora, el socialista Salvador Illa, “especialmente cuando afecten a la seguridad nacional”.
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