MADRID, 24 (SERVIMEDIA)
El Gobierno pedirá este martes al Congreso de los Diputados que tramite por vía de urgencia la reforma del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores para eliminar el despido automático por una discapacidad sobrevenida que cause incapacidad permanente, una medida que considera la “erradicación de una discriminación histórica en España”.
Fuentes próximas al Ejecutivo indicaron a Servimedia que el Consejo de Ministros tiene previsto solicitar este tipo de tramitación parlamentaria para acelerar los plazos y conseguir que la reforma legislativa entre en vigor antes de lo habitual.
Así podría ser aprobado antes de acabar este año, ya que el proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de julio y remitido a las Cortes Generales, donde actualmente se encuentra en periodo de enmiendas en la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja.
Esta reforma consiste en modificar el artículo 49.1.e) del Estatuto de los Trabajadores para eliminar la referencia a la extinción automática por “gran invalidez o incapacidad permanente total o absoluta del trabajador”, dejando solamente la extinción por “muerte de la persona trabajadora”. En la actualidad aparecen ambas opciones en el articulado del Estatuto.
La posibilidad de extinguir el contrato, hasta ahora en manos de la empresa, se condiciona a la voluntad del trabajador, que podrá solicitar una adaptación del puesto de trabajo razonable, necesaria y adecuada, y el cambio a otro puesto de trabajo vacante y disponible cuando la carga sea “excesiva”, acorde con su perfil profesional y compatible con su nueva situación.
Para determinar si la carga es “excesiva” para la empresa, el texto señala que “se tendrá en cuenta si puede ser paliada en grado suficiente mediante medidas, ayudas o subvenciones públicas para personas con discapacidad, así como los costes que la adaptación implique, en relación con el salario medio, el tamaño y el volumen de negocios de la empresa”.
Además, los trabajadores que adquieran una discapacidad sobrevenida que sea causante de una situación de incapacidad permanente dispondrán de un mes desde el momento en el que se les reconozca oficialmente esta situación para informar a su empresa de si quieren permanecer en la compañía, para adaptar el puesto de trabajo, el cambio a otro o proceder a la extinción del contrato. Por su parte, la empresa contará desde entonces de tres meses para responder.
El Gobierno se compromete en la ley a presentar una propuesta de modificación de la normativa en materia de Seguridad Social sobre incapacidad permanente y su compatibilidad con el trabajo, a fin de que la misma se amplíe. Y para ello, se da un plazo de seis meses para plantear dicha propuesta en el seno del diálogo social.
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