MADRID, 10 (SERVIMEDIA)
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, lamentó este miércoles que el PP siga sin manifestar su postura respecto a la modificación del artículo 35 de la Ley de extranjería, porque se necesita “una respuesta de Estado” ante “una emergencia de Estado”.
En rueda de prensa tras la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en Tenerife bajo la presidencia de la ministra del ramo, Sira Rego, Torres insistió en que “vivimos una emergencia” en el sistema de protección de Canarias, a la que el Ejecutivo “busca dar respuesta” mediante la reforma del citado artículo 35.
Pactada entre el Gobierno central y Coalición Canaria, la futura norma busca que los repartos de menores migrantes no acompañados entre territorios sean obligatorios si en las autonomías de llegada la ocupación supera el 150% de las plazas de sus sistemas de protección.
“Apelo al PP para que dé una respuesta de Estado a una emergencia de Estado”, apuntó Torres. “Son niños que están solos, y menores antes que migrantes”, enfatizó.
Por su parte, Rego avanzó que “trabajaremos para conseguir el apoyo parlamentario necesario”, a fin de sacar adelante la reforma. De hecho, la iniciativa “se registrará dentro de unos días” para “iniciar su trámite parlamentario”.
En el encuentro, al que solo asistieron de forma presencial 7 responsables autonómicos –el resto intervino por videoconferencia-, sí se aprobó por unanimidad el traslado voluntario de casi 400 menores migrantes.
Ni una sola autonomía del PP acompañó a la ministra Rego en su visita previa a un centro donde se atiende a estos menores.
PIDE CLARIDAD
“Si el PP ha sido capaz de decir que sí a 400 menores, algo que valoramos ¿por qué no se manifiesta claramente a favor de una medida para dar respuesta a esta emergencia?”, se preguntó Torres. “El Gobierno de España sí lo tiene claro y ha puesto sobre la mesa una solución”, prosiguió, en alusión a la citada propuesta de reforma legislativa. “El problema es que el PP no se manifiesta”.
El ministro indicó que dicho texto mantiene los mismos criterios de financiación aprobados en 2022, esto es, 145 euros por niño y recursos específicos para infraestructuras sociales y para sufragar los traslados.
Además, la iniciativa prevé que en el plazo de tres meses se convoque de nuevo la conferencia sectorial, a fin de incorporar nuevas aportaciones de las comunidades autónomas.
LA VOLUNTAD NO FUNCIONA
Por su parte, Rego afirmó que los traslados voluntarios pactados en la sectorial de 2022 “no están funcionando”. En 2023, el 80% de los traslados que debían haberse ejecutado nunca se llevaron a cabo, argumentó.
Por ello, necesitamos “un mecanismo estable y previsible”, prosiguió, que “garantice una financiación suficiente” y, sobre todo, permita dimensionar de forma adecuada los servicios públicos”.
Esta modificación legal agilizaría el proceso y significaría aliviar los servicios sociales de Canarias, que en la actualidad atienden a casi 6.000 menores migrantes.
En realidad, la proposición de ley que el Ejecutivo quiere llevar al Congreso pretende hacer “vinculantes” los mismos criterios de reparto ya pactados en 2022. De salir adelante, casi 3.000 niños de Canarias y unos 200 acogidos en Ceuta serían trasladados a otros territorios.
Sin embargo, la Ley de extranjería tiene carácter orgánico y precisa de mayoría absoluta para ser modificada, por lo que el Gobierno necesita la colaboración del PP, que no aclara su postura. De momento, Junts también se opone al texto, pues pide que Cataluña quede excluida del reparto.
SIN TIEMPO
Según las comunidades del PP, el Ejecutivo les envió la propuesta ayer a las 18.00 horas, por lo que reclaman tiempo para analizarla.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, aseguró en Madrid que “algunas comunidades, que no son las del PP”, asistieron hoy a Canarias “con sus enmiendas preparadas, con el texto bien sabido y teniéndolo con extraordinaria antelación”. “Nos lo han trasladado con la boca pequeña”, censuró.
“¿Por qué lo hace así? Yo lo estoy viendo en demasiadas ocasiones. Es básicamente la búsqueda permanente del truco diario para intentar llamar facha al PP. Repito, la búsqueda permanente del truco diario para intentar llamar facha al PP, cueste lo que cueste. Y así pues podrá ganar un titular del día, pero los problemas no se solucionan así”, añadió Mazón.
A diferencia de sus compañeros de partido, los dirigentes populares que gobiernan en Ceuta, Melilla y Canarias sí defienden esta reubicación automática por ley.
Torres repuso que todos los grupos parlamentarios tienen el texto desde hace semanas y les pidió a todos ellos “responsabilidad”. “Vamos a incorporar las modificaciones que nos sugieran”, porque “nuestro objetivo es seguir adelante con esta propuesta y buscar todo el apoyo parlamentario”, aseguró.
Otra demanda del PP pasa por que el Gobierno apruebe un fondo de contingencia y se haga cargo de los menores migrantes cuando las comunidades se vean sobresaturadas, como en el caso de Murcia y la Comunidad Valenciana, que están al 150%.
Sus regiones avisaron de que una modificación de la ley puede solucionar el problema a corto plazo, pero será insuficiente a unos años vista, si no se logra implicar a Europa en la solución, no se actúa en los países origen, y no se impulsan medidas de disuasión y vigilancia en las fronteras.
En el mismo encuentro se aprobó el reparto de 20 millones de euros y el traslado voluntario de 400 jóvenes, medidas ya acordadas que sí apoyaron los consejeros del PP. En opinión de Rego, esta cifra, consensuada en 2022, no responde a la emergencia actual.
Tras la reunión, el Gobierno de Canarias explicó que aprovechó el encuentro para alertar a las demás comunidades autónomas “de la crisis humanitaria sin precedentes que está viviendo” en las islas por la llegada de menores no acompañados a sus costas. Su presidente, Fernando Clavijo, explicó el incremento exponencial de llegadas que se ha producido desde 2019 y que ha saturado el sistema autonómico de acogida.
Según explicó el propio Gobierno canario después en nota de prensa, “en 2019 llegaron a las islas 587 niños y niñas y en 2023 esa cifra ascendió hasta los 7.398. Es más que evidente que ni Canarias ni ninguna comunidad autónoma puede hacer frente a la atención de estos menores en solitario. Las competencias en materia de Infancia no se pensaron para gestionar una situación tan compleja como esta. Por ello, pedimos a las comunidades autónomas unidad para afrontar esta situación como país del primer mundo que es consciente de que el fenómeno migratorio es una realidad con la que tenemos que convivir”, precisó.
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