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El Gobierno promueve una ley para fortalecer la ciberseguridad nacional y armonizar la normativa de la UE

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MADRID, 14 (SERVIMEDIA)

El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad, una norma que busca fortalecer la protección de redes y sistemas de información cruciales para las actividades sociales y económicas del país ante las crecientes ciberamenazas.

Según explicó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la nueva normativa, propuesta conjuntamente por su departamento y los de Defensa y Transformación Digital, incorporará al ordenamiento jurídico español la Directiva europea NIS-2 para garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad.

El anteproyecto afectará a entidades públicas y privadas con residencia fiscal en España o que operen en el país, especialmente en sectores críticos como energía, transporte, banca, sanidad, agua, infraestructuras digitales y administración pública.

Las organizaciones deberán evaluar sus riesgos individuales e implementar medidas de seguridad para prevenir incidentes. También estarán obligadas a notificar incidentes significativos y alertar a sus usuarios sobre posibles ciberamenazas.

NUEVO CENTRO NACIONAL

La norma crea el Centro Nacional de Ciberseguridad, adscrito a Presidencia del Gobierno, que será el órgano de contacto con la UE y se encargará de dirigir y coordinar la materia, además de gestionar las crisis de ciberseguridad.

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El texto establece tres autoridades de control: el Ministerio del Interior, a través de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad; el Ministerio de Defensa, mediante el Centro Criptológico Nacional, y el Ministerio para la Transformación Digital.

El Gobierno ha aprobado la tramitación urgente del anteproyecto para acelerar su aprobación definitiva, dado que el plazo para transponer la Directiva NIS-2 venció en octubre de 2024.

Interior solicitará informes a diversos ministerios y organismos como el Banco de España y la Agencia de Protección de Datos, además del dictamen preceptivo del Consejo de Estado.


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