MADRID, 18 (SERVIMEDIA)
El Gobierno advirtió este martes al Partido Popular que la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería se aprobará en sede parlamentaria “con o sin su apoyo” después de que este domingo de madrugada cerrase el apoyo de Junts.
El Gobierno sacará adelante un “reparto equitativo” de 4.400 menores migrantes no acompañados de Canarias y Ceuta entre las distintas comunidades autónomas en sede parlamentaria mediante un Real Decreto Ley. “Al fin nos dan los números, por eso presentamos ahora la medida”, señalaron fuentes gubernamentales.
Desde el Ejecutivo desvelaron a Servimedia que cerraron el acuerdo con Junts “el domingo de madrugada”. Y es la pieza que les faltaba en el rompecabezas para poder presentar de nuevo este Real Decreto Ley y que esta vez salga aprobado. Cabe recordar que el pasado julio, el Ejecutivo perdió esta misma votación por el rechazo de PP, Vox y Junts.
La formación independentista negoció este domingo una serie de puntos por los que se muestra de acuerdo en sacar adelante la medida en la primera quincena de abril en el Congreso de los Diputados, según precisaron desde el Ejecutivo, aunque el plazo de convalidación es de 30 días contando a partir de este martes, día de aprobación en el Consejo de Ministros.
Al Gobierno le salen las cuentas y asegura que con el voto de Junts, la reforma “saldrá adelante sin problemas”. Así, y también desde el Gobierno dan tiempo a las distintas comunidades autónomas para que calculen cuántos menores migrantes no acompañados acogen ya en sus territorios y a cuántos podrían acoger en función del criterio “equitativo y objetivo” establecido por el Ejecutivo, según comentó en rueda de prensa el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
CRITERIOS DEL REPARTO
La distribución de estos menores que, en el momento actual, deberían salir de Ceuta y Canarias, se hará con base en los criterios de población acordados por el Gobierno con Junts teniendo en cuenta la población (50%), la renta per cápita (13%), la tasa de paro (15%) y la atención a menores (22%). La distribución, sin embargo, no se hará de forma inmediata, aseguraron desde el Gobierno.
Los distintos territorios tendrán que presentar esta serie de criterios y dar sus cifras antes del 31 de marzo en el seno de una conferencia sectorial que se celebrará para intentar aunar el criterio de todas las comunidades y en base a ello aprobar el futuro reparto de menores para 2025.
Según anunció el Gobierno, estos criterios podrán variar y ser negociados y Junts fue más allá asegurando que cada año “se tendrán que negociar con el Gobierno central”. De esta manera, cada comunidad podrá exponer su propio cálculo de acogida de menores para 2025 en función de los que tiene ya acogidos. Sin embargo, la polémica este martes se desató cuando Junts ya dio cifras asegurando que a Cataluña le corresponden “entre 20 o 30” menores; mientras que a Madrid serían “unos 700”, unos cálculos que rechaza la Comunidad de Madrid. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, anunció que llevará el asunto ante los tribunales y algunas comunidades del PP rechazan dar cifras.
“¿Qué razones hay de carácter humanitario para no acoger menores?”, preguntó Torres, quien afeó al PP que no le haya apoyado anteriormente y le pidió “una reflexión”, pese a que fuentes de Moncloa descartan sacar esta medida con sus votos.
NO HABRÁ SANCIONES
Desde el Gobierno explicaron que no contemplan imponer ninguna sanción a las comunidades que se nieguen a aportar estos datos, pero ya advierten que los obtendrán de sus registros y también darán fe de ello ante funcionarios que así lo acrediten, tal y como piden hacer a las comunidades.
Asimismo, explicaron que “es lógico” que en el caso de Cataluña, pero también de País Vasco, ese número de menores a repartir será muy limitado porque ambas son comunidades que cuentan con un número de plazas de acogida superior al de la mayoría y llevan años ampliándolas, dos de los criterios clave para establecer el reparto. Además, se dará un peso mayor al actual, un 10%, al número de plazas de acogida creadas de forma estructural por las comunidades autónomas para alojar a adolescentes tutelados.
El Ejecutivo no aporta datos de las comunidades, “eso tienen que hacerlo ellas”, insistió Torres. Sin embargo, sí que tiene un cálculo aproximado de estas cifras apoyándose en las proyecciones de un estado de la situación realizadas por el Ministerio de Juventud e Infancia que dirige Sira Rego y que suscribe que las regiones que más menores tendrán que recibir serán la Comunidad de Madrid (806), Andalucía (795) y Comunidad Valenciana (478); mientras que otras como Cataluña (27), Baleares (59) y País Vasco (88), serán las que menos menores tendrán que recibir.
“Es el momento de saber quiénes están de verdad saturados y quien ha hecho más esfuerzos”, señaló Torres, quien afeó que algunos solo tengan en cuenta el color de la piel y recalca que detrás de cada número hay personas.
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