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El Gobierno está tomando medidas para reconocer que hubo ‘lawfare’ en el ‘procés’, alerta la APM

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BILBAO, 01 (SERVIMEDIA)

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) , la mayoritaria en la judicatura, cree que el Gobierno de Pedro Sánchez está dando pasos cada vez más claros para reconocer que hubo ‘lawfare’, es decir persecución judicial del adversario político, en el ‘procés’.

Así lo entiende su portavoz, Juan José Carbonero, tras escuchar las declaraciones del presidente del Gobierno asegurando que se ha utilizado a instituciones públicas para vigilar o perseguir a adversarios políticos, poniendo como ejemplo la ‘Operación Kitchen’ en la que supuestamente el PP usó los recursos del Ministerio del Interior para espiar a su extesorero Luis Bárcenas.

Carbonero entiende que no se puede ocultar que el concepto de ‘lawfare’ quedó “plasmado” en el acuerdo entre el PSOE y Junts para la investidura y destacó que en el pacto inicial “consta de manera específica, concreta y precisa”. Añadió que por el momento ya se han cursado varias peticiones para constituir comisiones de investigación en varios parlamentos.

La APM celebra estos días su XXVI Congreso en Bilbao bajo el lema “La dignidad de ser juez” y es en este marco en el que la asociación denuncia que las últimas declaraciones de Pedro Sánchez indican que el Gobierno “se está en caminando” al reconocimiento del ‘lawfare’ y que es “la fuerza de los hechos” la que lo está corroborando.

Sobre la ley de amnistía, el portavoz de la APM dijo que es necesario que los ciudadanos sean conscientes de que una norma de este calado no sólo tendrá efectos sobre el Poder Judicial, sino también para “la salud del sistema constitucional y del sistema democrático. Es muy necesario decir que afecta a la separación de poderes y que no es una ley general, sino una excepción a un principio fundamental de toda ley por el hecho de serlo, que es el principio de generalidad, una ley para todos”.

En este sentido, señaló que la ley de amnistía “no es una ley para todos sino una ley para unos pocos” que además “afecta a la separación de poderes y pone en cuestión la labor de los tribunales”.


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