MADRID, 23 (SERVIMEDIA)
El Consejo de Ministros acordó este martes declarar zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil -actual denominación de la antigua ‘zona catastrófica’- en un total de 15 comunidades autónomas (todas salvo Asturias y Cantabria) por 119 incendios forestales producidos en esas regiones desde el pasado 12 de junio.
Este año está siendo el peor de la última década en siniestros forestales en España, puesto que en lo que va de 2022 se han calcinado casi 230.000 hectáreas -lo que supone casi cuadruplicar la media del último decenio- y se han declarado 50 grandes incendios.
Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a los que tuvo acceso Servimedia, desde el 1 de enero hasta el 14 de agosto este año han quedado arrasadas por el fuego un total de 229.256,97 hectáreas, cuando la media del decenio es de 57.746,00, lo que supone 3,9 veces más respecto al promedio de la última década.
Además, en lo que va de año se han producido 50 grandes incendios forestales (es decir, cuando se queman más de 500 hectáreas), cuando el promedio de la década es de 12. Hubo 30 en 2012, 17 en 2017 y 14 en 2021.
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, apuntó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que tres personas han perdido la vida como consecuencia de los incendios de este verano y cerca de 27.500 han tenido que ser evacuadas de sus hogares (esta última cifra supone un récord absoluto), al tiempo que añadió que los fuegos forestales tienen ahora “unas características diferentes” a las conocidas anteriormente “como consecuencia del cambio climático” y de “las altas temperaturas”.
“ECHAR UN MANO”
El real decreto aprobado por el Consejo de Ministros permite activar los mecanismos de ayuda del Estado a las personas y bienes que se han visto afectados por los incendios forestales. “Es el momento de echar una mano a las comunidades autónomas, de colaborar en esta que es su competencia, y complementar esas ayudas para que las personas que se han visto afectadas por estas catástrofes puedan superar estos momentos”, indicó Rodríguez.
En todos los casos, estos incendios alcanzaron tal gravedad que las comunidades autónomas afectadas se vieron obligadas a activar sus respectivos planes de protección en una situación operativa de niveles 1 o 2, tal y como establece el Plan Estatal General de Emergencias (Plegem).
Estos incendios han generado un grave daño medioambiental y han provocado graves desperfectos en infraestructuras y en bienes públicos y privados, así como en cultivos y explotaciones agropecuarias, polígonos industriales y otras instalaciones productivas, si bien en este momento no han podido ser todavía cuantificados con precisión.
Pese a no existir todavía un balance detallado de los daños provocados por estos siniestros y su cuantía (“No puedo concretar esa cifra”, recalcó Rodríguez), la magnitud de sus efectos y de las medidas necesarias para superar la grave perturbación de las condiciones de vida de la población provocada, conseguir el pleno restablecimiento de los servicios públicos esenciales y recuperar la normalidad en las zonas afectadas justifican la intervención de la Administración General del Estado.
En todo caso, esta actuación estatal respeta el principio de solidaridad interterritorial y se produce con carácter subsidiario como complemento a las iniciativas que, en ejercicio de sus competencias, corresponde a las administraciones públicas territoriales, tanto autonómicas como municipales.
AYUDAS DIRECTAS
Entre las medidas de recuperación previstas en el acuerdo del Consejo de Ministros, y cuya ejecución corresponde al Ministerio del Interior, hay ayudas por fallecimiento o por incapacidad absoluta y permanente (18.000 euros), por destrucción o daños en enseres de primera necesidad (límite de 2.580 euros) y por destrucción total de la vivienda habitual (máximo de 15.120 euros).
También hay ayudas de hasta el 50% de daños causados a la estructura de la vivienda habitual (máximo de 10.320 euros), por otros daños en la vivienda habitual (máximo de 5.160 euros), y por daños a elementos comunes de una comunidad de propietarios (máximo de 9.224 euros).
Igualmente, se prevén ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo prestaciones personales y de bienes (el importe total de los gastos) y a los titulares de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, incluidos los agrarios, marítimo-pesqueros y turísticos (hasta 9.224 euros).
El acuerdo también prevé la posibilidad de que se apruebe una exención de las tasas de la Dirección General de Tráfico (DGT) para duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados.
OTRAS MEDIDAS
El acuerdo aprobado prevé la adopción de otras medidas de ayuda, condicionadas a lo que establezcan las órdenes ministeriales dictadas por cada uno de los diferentes departamentos competentes para desarrollarlas.
Los distintos departamentos ministeriales podrán declarar determinadas zonas de actuación especial, así como la emergencia de las obras necesarias para reparar los daños causados por cualquiera de estos siniestros en infraestructuras de titularidad estatal comprendidas en su ámbito de competencias.
Así, podría haber beneficios fiscales, ya que el Ministerio de Hacienda y Función Pública concretará la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas que corresponden a los receptores de estas ayudas, que como estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ayudas por daños personales.
También se prevén medidas laborales y de Seguridad Social, pues los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrán desarrollar medidas laborales y de Seguridad Social como bonificaciones y exenciones de cuotas de Seguridad Social.
Además, podrían repartirse ayudas a las corporaciones locales a cargo del Ministerio de Política Territorial por un importe de hasta el 50% a los proyectos que ejecuten las entidades locales para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales.
El real decreto prevé la concesión de ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina.
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