MADRID, 07 (SERVIMEDIA)
El Gobierno en funciones ha expresado su “más radical condena” a que cargos públicos exalten el franquismo en las redes sociales, en referencia a lo sucedido al respecto con directores generales que Vox tiene en el Gobierno de Aragón.
Así lo asegura el Ejecutivo en una respuesta por escrito que ha enviado al Congreso, donde el parlamentario de Sumar Jorge Pueyo habría preguntado por la “apología del franquismo por parte de directores generales del Gobierno de Aragón”.
Pueyo se refería a lo sucedido en el Ejecutivo de Aragón con dos altos cargos de Vox, en concreto con la directora general de Justicia, Esmeralda Pastor Estrada, y con el director general de Caza y Pesca, Jorge Valero Sinués. La primera tenía una foto en sus redes sociales con la bandera franquista, mientras que el segundo difundió alguna publicación en la que elogiaba a Millán Astray, fundador de la Legión.
A este respecto, el Gobierno central dice, en su respuesta enviada al Congreso y recogida por Servimedia, que la posición de estos altos cargos de Vox le merece la “más radical condena”.
COMPETENCIA AUTONÓMICA
Según el Gabinete de Pedro Sánchez, la Ley de Memoria Democrática habla, en su exposición de motivos, de “la incompatibilidad de la democracia española con la exaltación del alzamiento militar o el régimen dictatorial hace necesario introducir las medidas que eviten situaciones de cualquier naturaleza o actos de enaltecimiento de los mismos o sus dirigentes”.
También se alude a que el artículo 1.3 de la citada ley “repudia y condena el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista, en afirmación de los principios y valores democráticos y la dignidad de las víctimas”.
La norma también declara “ilegal” el régimen “surgido de la contienda militar iniciada con dicho golpe militar y que, como consecuencia de las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos, fue sustituido” por la Transición y la democracia de 1978.
No obstante, el Gobierno apunta que la legislación de Aragón establece que corresponde a los consejeros de esta comunidad el “proponer al ejecutivo autonómico el nombramiento o separación de los altos cargos de su departamento”.
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