MADRID, 29 (SERVIMEDIA)
El Gobierno busca con la designación de sus dos magistrados para el Tribunal Constitucional que esta institución, a su vez, presione al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que designe a sus dos candidatos para renovar esa parte del tercio pendiente.
Desde La Moncloa defienden que llevan “esperando” desde julio a que el CGPJ cumpla con su “obligación” y proceda a la renovación del tercio de magistrados que, junto con el Gobierno, le corresponde del TC, y que en junio concluyeron su mandato.
Ante la falta de acuerdo en el CGPJ para elegir a los dos candidatos, el Gobierno modificó una ley que había reformado para presionar al Poder Judicial instándole -por ley- a renovar el TC antes del 13 de septiembre.
Pero la falta de acuerdo en el CGPJ continuó y ahora el Ejecutivo decidió dar un nuevo paso y nombrar en el Consejo de Ministros de este martes al exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a la ex directora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.
Estas personas, aseguran fuentes del Ejecutivo, cumplen lo “sustantivo” de los requisitos para su elección – español, jurista de 15 años y de reconocida competencia-, por lo que el Tribunal Constitucional “no podrá” decir que no son aptos para el puesto.
Sin embargo, fuentes del Consejo de Ministros reconocen que el TC puede dejar sin efecto esta renovación alegando que, en virtud de la propia Carta Magna, interpretan que el tercio debe renovarse en su conjunto y, por tanto, ir de la mano los designados por el Gobierno y los del CGPJ.
Es en este punto donde, desde el Ejecutivo, creen que será el propio Constitucional el que presione al CGPJ para que nombre a sus dos candidatos y desenmarañar la “crisis institucional sin precedentes” abierta.
La fecha del 6 de diciembre, Día de la Constitución, estaba marcada en el Ejecutivo como un horizonte al que no llegar sin la renovación del TC, máxime cuando en los primeros días de diciembre se cumplen, además, los cuatro años del Consejo General del Poder Judicial con el mandato caducado.
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