MADRID, 28 (SERVIMEDIA)
El Consejo de Ministros adoptó este martes un acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo sobre la conservación de las poblaciones de murciélagos en Europa, enmendado, y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho acuerdo.
Según el Ejecutivo, el Convenio sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, promovido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), hecho en Bonn el 23 de junio de 1979 y ratificado por España el 12 de febrero de 1985, prevé la conclusión de acuerdos específicos para la protección de las especies amenazadas contempladas en su Anexo II.
Con base en esa disposición se concluyó el Acuerdo sobre la Conservación de las poblaciones de murciélagos en Europa (conocido como Eurobats) el 4 de diciembre de 1991 en Londres, que entró en vigor el 16 de enero de 1994. Hasta la fecha, se han adherido o ha sido ratificado por 38 Estados de su área de distribución, entre ellos casi todos los del entorno. España aún no se ha incorporado a este Acuerdo.
PROTECCIÓN EN ESPAÑA
En España, los murciélagos se encuentran protegidos por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y están incluidos en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Los más amenazados, en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, normativa que traspone la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres.
La adhesión a Eurobats permitirá completar esta protección mediante la coordinación internacional y la colaboración con otros Estados para el diseño de actuaciones que puedan mejorar el estado de conservación de los murciélagos, la difusión de las mejores técnicas disponibles para la gestión y el conocimiento más actualizado sobre ecología, problemas de conservación y requerimientos ambientales.
El Consejo de Estado, en su Dictamen de 27 de octubre de 2022, dispuso que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio del presente Convenio requiere la previa autorización de las Cortes Generales.
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