MADRID, 24 (SERVIMEDIA)
El Gobierno asegura que el Consejo Superior de Deportes (CSD) tomará las “medidas correspondientes” sobre el ‘caso Negreira’ cuando exista “información suficiente”, ya que actualmente este asunto está siendo objeto de investigación judicial.
El Ejecutivo se refiere a esta cuestión en una respuesta por escrito que ha enviado al Congreso, donde los diputados Carlos Adanero y Sergio Sayas, del Grupo Mixto, preguntaron si La Moncloa ha pedido información a la Fiscalía sobre los pagos millonarios que hizo el Fútbol Club Barcelona al exdirigente arbitral José María Enríquez Negreira.
El Gobierno responde que “respeta la investigación que lleva a cabo la Fiscalía” y alude al papel que en este caso puede tener el CSD, que un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte.
En la contestación, recogida por Servimedia, se indica “que, por el momento, los hechos son investigados y, cuando se disponga de la información suficiente, el Consejo Superior de Deportes (CSD) adoptará las medidas correspondientes y actuará dentro del marco de legalidad vigente”.
SISTEMA SANCIONADOR “EFICAZ”
El Ejecutivo hace esta consideración tras referir a que la Ley del Deporte aprobada en diciembre pasado “vela especialmente por el buen gobierno en el deporte al establecer mecanismos preventivos para favorecer la transparencia y ejemplaridad en su gestión, a través del código de buena gobernanza”.
Se indica que esta norma establece como “infracción de máxima gravedad” las actuaciones dirigidas “a predeterminar, mediante precio, intimidación o simples acuerdos, el resultado de una prueba o competición afecte o no al resultado, y, en general, las actuaciones que supongan un intento de alterar el normal desarrollo de una competición o actividad deportiva”. Se destaca que el plazo de prescripción en estos casos es 3 años.
También se apunta que una de las “grandes novedades” de la nueva ley es la obligación de las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales de adoptar un “Código de Buen Gobierno” para el establecimiento de una estructura transparente e íntegra, así como la prevención de ilícitos de cualquier orden, contemplado en el artículo 60.
Por este motivo, el Gobierno dice que “puede garantizar que el sistema sancionador en esta materia es eficiente y eficaz; además, los supuestos hechos investigados pueden ser objeto de sanción penal en cuanto a conductas que se encuadran dentro de los supuestos de corrupción, administración desleal o fraude en el deporte”.
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