MADRID, 31 (SERVIMEDIA)
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se reunió este viernes con fiscales de la Audiencia Nacional, del Tribunal de Cuentas y de Cataluña para debatir cómo coordinar en el Ministerio Público la aplicación de la Ley de Amnistía aprobada ayer jueves en el Congreso de los Diputados.
En esta reunión no se intercambiaron documentos escritos, según indicaron fuentes fiscales, porque se trata de encuentros internos para coordinar la actuación de la Fiscalía y que las decisiones sean uniformes en todos los órganos jurisdiccionales y en todas las instancias.
Esta es la segunda tanda de reuniones convocadas por el fiscal general, que ayer ya se reunió con fiscales del Tribunal Supremo y del Constitucional. En esa reunión, los cuatro fiscales del ‘procés’, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno transmitieron a García Ortiz que, en su opinión, la nueva ley no podría ser aplicada al expresidente catalán Carles Puigdemont en lo que se refiere al delito de malversación y tampoco implica la retirada de la orden nacional de detención que pesa sobre él.
Estos fiscales sí entregaron un documento al fiscal general en el que argumentaban que la malversación no puede ser amnistiada porque hubo “beneficio patrimonial, ánimo de lucro y acto de apropiación”. En cambio, estiman que la ley se podrá aplicar a los delitos de desobediencia y de desórdenes públicos.
La norma aprobada ayer debe aún ser publicada en el Boletín Oficial del Estado, por lo que aún no está en vigor. Las fuerzas independentistas están criticando la tardanza del Ejecutivo, al entender que su entrada en vigor se está retrasando hasta después de las elecciones europeas del 9 de junio.
En la Audiencia Nacional, el juez Manuel García Castellón tiene abierta una causa por terrorismo en el llamado ‘caso Tsunami’ que afecta a Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y en el Tribunal de Cuentas también hay asuntos pendientes relacionados con el ‘procés’.
Cuando la aplicación de la Ley de Amnistía eche a andar, la norma se verá sometida al escrutinio tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al que cualquier juez que tenga entre manos un caso potencialmente afectado por la nueva norma podrá elevar cuestiones sobre su aplicación.
Una vez publicada en el BOE y ya en vigor, los posibles beneficiarios de la ley tendrán dos meses para solicitar que se les aplique. Los distintos tribunales darán traslado de la petición a las acusaciones, incluida la Fiscalía, que deberán pronunciarse. Es precisamente para que haya un criterio homogéneo para lo que el fiscal general está celebrando esta ronda de contactos.
A la vez, los jueces podrían alegar dudas sobre la aplicación de la ley para presentar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) o una cuestión prejudicial ante el TJUE.
El TC puede tardar algunos meses en responder, pero nadie descarta que pueda tardar más, recordando que el PP ya ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la ley. En ambos casos el pronunciamiento no será rápido y los efectos de la ley dependerán del momento procesal en cada caso.
En el de Puigdemont, no serviría para obligar a levantar la orden nacional de detención, mientras que en los casos en los que la causa esté pendiente de fijar juicio, probablemente el inicio se aplazaría hasta el pronunciamiento del TC o del TJUE. En caso de que la amnistía fuera aplicable, el juicio no se celebraría y en caso de que ya haya una sentencia condenatoria, las defensas podrían pedir la suspensión de la pena en tanto no hubiera un pronunciamiento definitivo sobre la ley. Por el momento, estas previsiones no pasan de ser conjeturas.
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